La OSCE lamenta que, diez años después, continúen las detenciones indefinidas y sin cargos en Guantánamo
VARSOVIA, 10 (EUROPA PRESS)
El director de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el embajador Janez Lenarcic, ha lamentado este martes que, diez años después de la apertura del centro de detención de la Base Naval estadounidense en Guantánamo (Cuba), continúen las detenciones “indefinidas” y sin cargos en este centro de reclusión gestionado por los marines norteamericanos.
“Los estándares de los derechos fundamentales requieren que la detención de sospechosos de terrorismo venga acompañada por cargos y que las personas detenidas por esos cargos sean informados sobre ellos inmediatamente y sean presentados ante la autoridad judicial competente”, ha subrayado Lenarcic en un comunicado.
Lenarcic ha lamentado que la práctica de las detenciones indefinidas haya sido integrada en el ordenamiento jurídico estadounidense gracias a la reciente aprobación de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés).
El embajador ha abogado por un cierre inmediato del centro de detención de la bahía de Guantánamo, en cumplimiento de la promesa realizada por el presidente estadounidense, Barack Obama, y ha solicitado al Congreso norteamericano que acabe con los obstáculos que impiden el cierre de este centro.
Además, Lenarcic ha emplazado a las autoridades norteamericanas a que procesen cuanto antes de acuerdo con la normativa internacional a los presos que continúan retenidos sin cargos en Guantánamo o los liberen.
En su comunicado, la OSCE ha recordado que Estados Unidos, como miembro de esta organización multinacional, está comprometido con el respeto a los Derechos Humanos en la lucha contra el terrorismo y con el derecho de todos los sospechosos a tener un juicio justo en un periodo razonable ante un tribunal imparcial.
Por último, la OSCE ha resaltado que, en virtud del denominado Documento de Bucarest, aprobado en 2001, todos los países que integran esta organización se han comprometido a proteger a sus ciudadanos frente a amenazas como el terrorismo manteniendo la “salvaguardia” del estado de Derecho, las libertades individuales y el derecho a una justicia igualitaria.
