El selfie de Clavijo

El otro día La Provincia publicó una muy extensa entrevista con Fernando Clavijo, presidente del Gobierno canario. Si prescindo de la letra y me voy a la música diría que no sale el hombre del esquema clásico de la política canaria. O sea, que aquí mandan, hoy como ayer, los poderosos aunque no sean ya los terratenientes ni los aguatenientes, ni siquiera los constructores, sino los que de entre ellos se han decantado por la especulación del suelo.

Ante esto, Fernando Clavijo se mueve como un clásico de los que la gente de mi generación localiza sin la menor dificultad pues hemos sido testigos de cuanto ha destruido la especulación, so pretexto de generar inversiones y empleo. Respecto a las primeras, asegura Clavijo que hay mil millones de euros aguardando para invertir. No tengo información para negar o afirmar esa cifra aunque, qué quieren, me pregunto si nos quieren tanto los supuestos inversores como para mantener quieta/parada semejante montonera de dinero en contra de lo que aconseja la práctica económica de hoy que ha incorporado el viejo adagio de que barco varado no gana flete. Tampoco sé, la verdad, si cabrá tanto dinero en las Islas, si quedará espacio para que circulen con holgura los ocupantes de los 15.000 puestos de trabajo (mal pagados, claro) que se crearán del zapatazo. Un clásico, ya les digo.

Por otra parte me parece muy bien, muy deportivo podría decir, que acepte Clavijo con humor que me lo tilden de “papafrita”. Es palabro de mucho empleo en Argentina y tiene no sé cuantos sinónimos con frecuencia contradictorios que no sugieren, precisamente, al bobo de baba, al infeliz de puro ingenuo sino que se refieren al sujeto engreído y vanidoso al que también llaman cachorrudo, echado para alante, echador, fachento, farruco, finchado, fragilón, pingalisa, pingapato y así hasta las tantas. El problema es que no conozco a Clavijo y no sabría decir si su aceptación del papafritismo refleja sentido del humor o si es la satisfacción de haber conseguido engañar al personal que se refocila y se le va la fuerza llamándole “papafrita” sin advertir que los que interesan a Clavijo son los empresarios, los supuestos titulares de los no menos supuestos mil millones. Que se entretengan buscándole un buen insulto le deja al presidente las manos más libres para sacar adelante la ley del Suelo que se viene trajinando. Que es a lo que voy. Clavijo ha optado por los empresarios y todavía no se han dado cuenta de que si es un papafrita lo será de las negras bonitas.

Yo, desde luego, no negaré que la administración canaria funciona mal en lo que se refiere a proyectos urbanísticos. Como funciona mal todo aquello que produce dinero a los listos. Por un lado la falta de eficiencia y los numerosos excesos debido menos a las leyes, que ya bastante dañan con su entrecruce “competencial”, que a quien las aplica sobre el terreno a cambio de lo que se registra en los libros de contabilidad como “atenciones”. O se apuntaba porque hoy se habla ya de pagos que colman de felicidad a los sobrecogidos. Todo eso y mucho más, a lo que alude Clavijo en su entrevista, debe corregirse, por supuesto. Sin embargo, tengo la impresión de que lo usa para justificar, legitimar, la ley en camino: dice que se trata de acabar con situaciones como la del agricultor que quiere poner un invernadero y se encuentra con toda clase de requisitos y dificultades, de liberarlo de tanta burocracia y pueda desarrollar su proyecto. No sé si será significativo pero diría que hubiera sido más propio el ejemplo del que pide permiso para un cuarto de aperos y se construye un bungalow. O un depósito de agua cubierto de piedra volcánica para mimetizarlo y resulta que ha hecho un apartamento.

También quiere Clavijo reducir la intervención gubernamental y pasarle a ayuntamientos y cabildos las competencias. Lo que traducido a romance es eliminar la COTMAC o alejarla del centro de decisiones para liberar esos mil millones, bajarlos de la nube de Internet. Sin embargo, aparte de culparla de tantas demoras y males como impedir inversiones, invocan para extirparla nada menos que el “perfeccionamiento” de la autonomía para que sean los alcaldes los que tengan la última palabra en los proyectos a ejecutar. Ya saben, lo de la administración más cercana. Esto se ha demostrado históricamente desastroso y ni les cuento la de conflictos que habrá entre pueblos limítrofes que decidan realizar proyectos colindantes si les dejan que haga lo que les cuadre. Dentro de la ley, faltaría más.

En un artículo anterior me referí a la Memoria de la Fiscalía canaria de hace unos años en que señalaba a los alcaldes como principales responsables de ni se sabe cuantos desafueros urbanísticos. Nadie ignoraba lo que había de cierto y todo el mundo sabía quienes eran los ediles con más disparates en su haber; por ignorancia o por otras razones, que la vida está muy cara. Hubo protestas y cabreo en algunos partidos que salieron a defender el honor de los alcaldes. Dijeron unos que el que se pica es porque ajos come y otros que ya era hora de que se comenzara a hablar claro porque a algún alcalde le estaban haciendo la vida imposible por no ceder ante determinados requerimientos.

En este punto debo apartarme de Clavijo para señalar al socialista Iñaki Lavandera que considera un error “dar la idea de que los alcaldes son una pandilla de delincuentes”. Tiene y no tiene razón Lavandera. La tiene porque, en efecto, los alcaldes no son eso y la pierde al no poner por delante que los especuladores aprietan lo suyo a los municipios y llegan a presiones insoportables que no todos ni siempre resisten. Lo mismo que no es difícil ceder a la tentación, sobre todo si esos ediles saben lo que ocurre a su alrededor y hay alguien que le dice idiota tú, que no te aprovechas. El otro día Martínez Maillo, vicesecretario de Organización del PP, dijo que corrupción es robar lo que excluye, por lo visto, al político que da su voto en un ayuntamiento a favor del proyecto de quien le ha pagado. Desde luego, no puede decirse que haya robado sin por ello dejar de pecar de corrupción. Tanto Lavandera como Maillo parecen olvidar que la corrupción no es asunto sólo del político sino también de quien le paga del que nadie se ocupa. ¿O es que no comparte la idea de que la eliminación o el arrumbamiento de la COTMAC es el objetivo de la ley de Clavijo auspiciada por el empresariado, cosa que está muy fea? ¿Habrá que ampliar el censo de “papafritas”? ¿Cómo se defiende a los alcaldes? ¿No señalándoles con el dedo o poniéndolos a salvo de las embestidas?

El comentario de Lavandera vino a cuenta de un comentario sobre la firma de Juan Fernando López Aguilar del manifiesto Canarias no es un solar de la oposición a la ley del Suelo de Clavijo al que se adhirió también Paulino Rivero. Anunció además Lavandera que los socialistas adoptarán en el Parlamento, cuando se discuta el ahora anteproyecto, una postura constructiva (de construcción se trata, no sé si saben).

Podría seguir pero lo dejo aquí para subrayar que Clavijo no ha explicado lo que realmente importa, o sea que el urbanismo haya sido durante demasiado tiempo, como dijo López Aguilar, un hervidero de la peor corrupción que “tanta desafección, hastío y náusea ha suscitado entre la ciudadanía y contra las instituciones y los políticos”. Él es de los que han comprobado que decir esas cosas se paga porque, ya saben, decir lo que es bien sabido es de un radicalismo insoportable. Pero no nos desviemos.

Y no me resisto a mencionar otro tema de la entrevista a Clavijo. Por si quedaba alguna duda de que los suyos son los empresarios ahí lo tienen alineado con los relacionados con el gas. Que vienen a ser casi los mismos. Por mí, comprenderán, puede ponerse del lado que le cuadre ya que está en su derecho, pero me llamó la atención que advirtiera a los grancanarios que como no haya regasificación se beneficiará Tenerife y pasará la isla redonda a depender de la picuda. Si unimos esto a lo ocurrido con el ITE y las varias referencias al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, beligerante tanto contra el gas como disconforme con fórmula de reparto puede llegarse a sospechar que Clavijo está largando para favorecer los designios del grupo de empresarios que juegan al poder. No sé lo que tardará en percatarse que esos estímulos no dan resultado en Gran Canaria.

Chaves y Griñán en la picota

El juez Álvaro Martín no ha enviado a Manuel Chaves y a José Griñán al banquillo. Esta especie la divulgaron el miércoles los medios informativos y con distintos grados de satisfacción los rivales políticos del PSOE. Particularmente el PP, que ha vuelto a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio: de inmediato, el PP por exigió explicación al PSOE por boca de Dolores de Cospedal en un nuevo alarde de cinismo. No porque los socialistas no deban explicarse sino a la vista de que es precisamente la secretaria general de un partido que tantas explicaciones nos debe. Los peperos parecen despreciar la capacidad de discernimiento del electorado y buscan argumentos que relativice la corrupción de su partido con el torpe argumento de que en todos sitios cuecen habas. Y se dio tanta prisa Cospedal que la dejó un tanto fuera de juego, como le ocurrió a los medios informativos, el hecho de que el juez no ha enviado a Chaves y a Griñán al banquillo, no ha dispuesto en definitiva abrirle juicio oral.

El origen del error fue la oficina de Prensa del órgano judicial que dictó el auto. Fueran las prisas por darle un alegrón al PP o la ignorancia del funcionamiento procesal, lo que no deja de ser curioso, lo cierto es que la nota informativa daba cuenta de la decisión del juez de procesar a los dos ex ministros y ex presidentes andaluces y eso creímos todos hasta que la misma oficina aclaró que el auto no era de procesamiento sino el llamado “de acomodación”, o así, en que el juez da por concluida la instrucción y traslada el asunto a la Fiscalía que será quien decida si recomienda su sobreseimiento, si solicita nuevas diligencias o que se abra juicio oral. Y si hay partes legitimadas en la causa, si desistirán de la acusación o siguen adelante. Es extraño que cometieran semejante error funcionarios que deben saber de qué van.

Chaves y Grinçan deben ser juzgados

No sé si llegaremos a saber qué ocurrió. Es decir, si hubo alguna intencionalidad, electorera por supuesto. Pero creo que una vez superado este paso procesal, se les juzgará. Es más, deben ser juzgados no sólo porque han obrado mal sino porque no hacerlo perjudicaría la confianza en las instituciones y personas que las encarnan que tanto necesita el país en estos momentos. Estoy convencido de la honestidad personal de los dos ex presidentes no sólo porque eso aseguran quienes los conocen y porque ninguna de los cuatro o cinco jueces que han intervenido en la instrucción han encontrado rastro de que se hayan llevado un euro a casa. Su delito, que lo es, fue no vigilar, no controlar con diligencia la ejecución de la política pergeñada para aliviar la situación creada por los ERE y no actuar en caso de que algo les llegara, de que tuvieran alguna sospecha. Es difícil de creer que siendo presidentes de la Junta no supieran que algo no iba bien; que es exactamente lo que cabe decir, por ejemplo, de Esperanza Aguirre a la que le salieron rana unos cuantos. Y no les digo de Rita Barberá.

Mercasevilla encendió la mecha

Un Gobierno de Manuel Chaves tomó la decisión de darle respaldo económico a las empresas obligadas a presentar Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y liberó las correspondientes partidas presupuestarias con las que afrontar prejubilaciones y despidos y ayudar a los trabajadores afectados. El monto inicial de lo que se consideró en la instrucción defraudado fue de 854 millones de euros pero, al parecer, tras las correspondientes investigaciones se han reducido, según tengo entendido a unos ciento y pico; una cantidad que sigue siendo importante, por supuesto, si bien desmiente la afirmación pepera de que las irregularidades detectadas afectaban a la totalidad del dinero.

El caso comenzó con la empresa Grupo La Raza. Planeaba abrir una escuela de Hostelería en terrenos de la empresa municipal Mercasevilla para lo que recibió una subvención de 900.000 euros de la Junta de Andalucía. Y días después recibió el empresario la visita de dos personas que le exigieron la mitad de la subvención para dar cursos de formación. A partir de ese momento comenzaron a destaparse irregularidades. Como los falsos prejubilados metidos en los ERE de empresas para las que nunca habían trabajado. La investigación destapó 267 prejubilaciones de un total de 5.982 casos analizados con un monto aproximado de nueve millones de euros.

Las subvenciones a empresas en crisis ascendieron a 85 millones de euros. Fueron gestionadas por Francisco Javier Guerrero de forma discrecional y arbitraria. La relación de investigaciones, de detenidos e implicados es extensa, entre los que figura la ex ministra socialista Magdalena Álvarez.

El caso de los ERE es, desde luego, grave y tiene tantas connotaciones tan cutres como los del PP y resulta irritante que los peperos nos traten como a imbéciles. Repetiré que sí, que Chaves y Griñán han de explicarse, pero no más que Esperanza Aguirre o el mismísimo Rajoy.