Un reparto más equitativo

Después de numerosas reuniones, encuentros y la consiguiente toma de posturas, creo que ha llegado el momento de que el Gobierno de Canarias tome una decisión y sea capaz de entender el punto de vista que sostienen cabildos y ayuntamientos: es necesario llegar a un acuerdo en los porcentajes de reparto de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF).

En el momento en el que la crisis nos golpeaba con más fuerza, las instituciones locales fueron solidarias y generosas al ceder parte de lo que les correspondía para atender los servicios esenciales como sanidad o educación. Por lo tanto ahora que la recaudación ha mejorado y nos situamos en un escenario sustancialmente distinto, ha llegado el momento de solicitar al ejecutivo canario que se vuelva al reparto anterior. Y además hacerlo desde este ejercicio. Debe tenerse en cuenta que por el camino las instituciones insulares y ayuntamientos han dejado de ingresar alrededor de 100 millones.

La semana que ahora acaba hemos recibido la noticia de que Bruselas le da el visto bueno al grueso de la propuesta del REF. En sintonía con lo que es un sentir general, creo que el nuevo régimen debe entrar en vigor lo antes posible porque es la verdadera herramienta para crear empleo e impulsar la economía. Necesitamos el mejor REF para poder pasar página a la peor crisis que ha sufrido España y el Archipiélago en mucho tiempo.

De forma paralela consideramos que ha llegado el momento de que el 58% de la recaudación del REF vuelva a dirigirse a las corporaciones locales y el 42% sea para el Gobierno, tal y como ha ocurrido de forma histórica. Y lo pedimos porque creemos que los cabildos y ayuntamientos son las instituciones que por su cercanía mejor pueden servir a los ciudadanos, siempre y cuando cuenten con los recursos suficientes para poder ejercer sus competencias. Si en su momento las corporaciones locales cedimos y estuvimos de acuerdo en cambiar el reparto fue únicamente porque comprendimos que debíamos contribuir al sostenimiento y prestación de servicios públicos esenciales. Desde las instituciones locales se entendió que en unos momentos especialmente difíciles había que estar a la altura de lo que nos demandaba la sociedad. Y así creo que lo hicimos.

Es bien cierto que como resultado de las negociaciones que hemos sostenido durante los últimos meses se ha conseguido avanzar en la mejora de la dotación de las competencias transferidas. Pero no ha ocurrido igual en el reparto de los recursos del REF, un aspecto en el que el ejecutivo autónomo ha adoptado una posición que podríamos calificar de inflexible. Da la impresión de que el Gobierno está interesado en jugar con las cartas a su favor. En este caso el As que se saca de la manga está marcado: una Hacienda canaria que controla y de la que dispone la información directa en cuanto a recaudación. En este contexto parecería que a los cabildos no les queda más remedio que sentarse a la mesa como invitados de piedra, conformarse con las migajas o recurrir a la pataleta.

Pero muy al contrario en la hoja de ruta que se ha marcado la Federación Canaria de Islas (Fecai) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) está una reunión con los grupos parlamentarios para explicarles la situación y solicitar su apoyo. El tiempo corre en contra nuestra. En breve comenzará el tramo final de aprobación de los presupuestos autonómicos y será entonces cuando el ejecutivo tendrá que tomar una decisión definitiva. Tanto a favor como en contra.

En el caso, esperemos que improbable, de que el Gobierno no acepte las peticiones de las corporaciones locales, creo que nos situaríamos ante una postura que sólo puedo calificar de abusiva. El ejecutivo no puede ni debe dejarnos ahora en la cuneta. Y menos aún hacerlo por un motivo tan peregrino como actuar con generosidad ante una petición de ayuda. Sería como castigar a alguien por haber sido solidario.