La empresa de aguas de Lanzarote investiga los “contratos verbales” del expresidente San Ginés (CC) con su abogado amigo

Pedro San Ginés. expresidente del Cabildo de Lanzarote.

La empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) ha abierto una investigación sobre los “contratos verbales” entre Pedro San Ginés (Coalición Canaria), expresidente del Cabildo de Lanzarote y exconsejero delegado de esa sociedad, y el abogado Ignacio Calatayud, a quien se le atribuye una relación de amistad con el nacionalista. Este letrado representó a Inalsa en seis procedimientos en los juzgados -incidentes del concurso de acreedores- sin que conste en los archivos de la empresa ningún expediente de contratación, ni presupuesto ni acuerdo de asignación que lo justifique. 

La empresa de aguas de Lanzarote acusa a San Ginés (CC) de ocultar un contrato que beneficiaba a un abogado amigo

La empresa de aguas de Lanzarote acusa a San Ginés (CC) de ocultar un contrato que beneficiaba a un abogado amigo

Así lo ha manifestado el Cabildo de Lanzarote, ahora liderado por el PSOE, en un comunicado en el que desvela las averiguaciones llevadas a cabo por la empresa pública a raíz de una solicitud de Calatayud en la que reclama el cobro de 82.000 euros por un incidente del procedimiento concursal, una cantidad adicional a la que ya ha percibido por el resto de las fases y que asciende a 156.000 euros. De prosperar esa reclamación, el letrado se llevaría, por tanto, 238.000 euros por sus actuaciones en relación con el concurso de acreedores abierto en 2009.

Lo que ha presentado el abogado es una jura de cuentas. En este conflicto hay dos presupuestos. El primero está fechado el 27 de enero de 2010, está firmado por Pedro San Ginés y daba cobertura a todas las actuaciones relacionadas con el proceso concursal, incluyendo todas sus fases e incidentes. El segundo es del 15 de marzo del mismo año, es decir, un mes y medio después y también está rubricado por el entonces presidente del Cabildo. Este segundo contrato se conoció a raíz de la reclamación de Calatayud y recogía que el abogado solo se encargaría de una parte del concurso de acreedores, la fase común, excluyendo por tanto los incidentes concursales. 

Todos los pagos realizados hasta la fecha al letrado por parte de Inalsa se basaban en el primer presupuesto, un “borrador” según la tesis de Pedro San Ginés, ya que se desconocía la existencia del segundo. En un comunicado difundido la pasada semana, el Cabildo de Lanzarote remarcaba que, más allá de la ocultación del documento, el aspecto a su juicio más relevante era que se anulaba el primer contrato, que incluía en los importes los incidentes, y se sustituía por el segundo, que los excluía expresamente, por lo que este acuerdo “beneficiaba a Calatayud en la medida en que perjudicaba a Inalsa”, ya que los incidentes se cobraban aparte y, por lo tanto, los honorarios del letrado aumentaban. 

La actual presidenta del Cabildo de Lanzarote y consejera delegada de Inalsa, Dolores Corujo, dio a conocer a los órganos de la empresa pública en enero de 2020 el intento del abogado para que se procediera a la firma de un acuerdo transaccional con la UTE Edam-Janubio para el cobro de una sentencia favorable a los intereses de Inalsa y su posterior negativa a entregar la documentación relacionada con sus actuaciones en el procedimiento concursal.

“Esa negativa del letrado amigo de San Ginés obligó a Inalsa a designar nuevos profesionales cuyas gestiones han puesto de manifiesto la existencia de esos seis incidentes en los que Calatayud intervino representando a la empresa de aguas con el sorprendente resultado de que, consultados los archivos, se ha comprobado que no existe ningún expediente de contratación, ninguna designación y, ni siquiera, ningún presupuesto del letrado que de cobertura a su presentación en esos incidentes, por lo que cabe concluir que su contratación tuvo carácter verbal”, afirma Inalsa en un comunicado difundido este viernes. 

El Cabildo de Lanzarote recuerda que Inalsa abonó la primera factura aplicando el contrato inicial, el del 27 de enero, lo que a su juicio demuestra “que había entrado en vigor”. Sin embargo, “San Ginés se empeñó en considerar que ese primer presupuesto era un mero borrador y suscribió un nuevo contrato, el 15 de marzo de 2010, que provocó un grave quebranto a Inalsa, ya que no solo se excluyeron del contrato las futuras fases del concurso, sino que se aprovechó la ocasión para ”excluir“ también los incidentes concursales, todo ello sin motivación ni informe alguno”, añade. 

La estrategia de anular el primer contrato y suscribir otro para permitir a Calatayud el cobro de los incidentes no significa que, de manera automática, le correspondiera al abogado la personación en los mencionados incidentes, precisa la corporación insular. “Lo acordado es que, simplemente, el contrato de 15 de marzo se limitara a la fase común, sin incluir las fases restantes ni los posibles incidentes de la mencionada fase común, pero nada dice sobre la adjudicación de los mismos a Calatayud”, que se personó en al menos seis de ellos sin que consta designación alguna. Para el gobierno conejero se trata de una circunstancia “de extrema gravedad”, puesto que Calatayud “ha ejercido la representación de la mercantil sin que existiera designación expresa para ello pudiendo justificar su actuación tan solo en supuestos contratos verbales”. 

“El desliz” de un administrador concursal

El comunicado difundido este viernes habla del “desliz” de Pedro Martín, uno de los tres administraciones concursales de Inalsa -ya cesado-, que “a título particular y a petición de Calatayud”, suscribió un escrito que el letrado aportó junto a su reclamación de honorarios en el que desmiente la existencia del contrato inicial para la totalidad del concurso (incluyendo los incidentes) reduciéndolo a la condición de simple borrador, “a pesar de haberse realizado pagos contra el mismo que han sido supervisados, precisamente, por la intervención judicial”.

“Pero es que, además, en su afán de cubrir a Calatayud, Pedro Martín llega a afirmar la existencia de un pacto por el cual si se perdía el proceso no tendría coste para Inalsa y si se ganaba con costas, el pago (al abogado Calatayud) lo asumía la parte condenada en costas”, señala la nota, que agrega que este exadministrador concursal “ha obviado” que esas afirmaciones no constan en el informe oficial que él mismo firmó y remitió (junto a sus dos compañeros) al juzgado sobre la contratación del abogado y los honorarios presupuestados al efecto, “por lo que ha de entenderse que los nuevos pactos a los que ahora alude si existieran, tendrían carácter verbal y también fueron ocultados por San Ginés, lo cual constituye otra grave irregularidad”.

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