La Plataforma de Afectados por la Ley de Costas pide un trato diferenciado para Canarias
El abogado y presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley Costas (Pcalc), José Luis Langa, espera reunirse en breve con la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, al objeto de hacer un frente común para que Canarias obtenga una situación diferenciada en la reforma de la Ley de Costas que se debate en la actualidad.
Fuencaliente es el municipio más afectado en La Palma por la citada ley. La aludida diposición pende como una espada de Damocles sobre 24 casetas, emplazadas en la playa del Faro, y otras 16, en Punta Larga. Los moradores de las mismas no han recibido aún ninguna notificación de la Demarcación de Costas demandando el desalojo de las viviendas como paso previo al posterior derribo de las construcciones. De lo que si tienen conocimiento es que los recursos presentados para evitar la piqueta han sido desestimados y que, la vía judicial, está agotada.
En 2007 se llevó en Fuencaliente, hasta ahora, la primera y única demolición.
En una nota de prensa, José Luis Langa ha valorado de forma positiva la solución alcanzada para los vecinos de Cho Vito, en Candelaria (Tenerife), aunque ha lamentado que esta solución se haya dilatado “más de lo deseable” para estas familias.
El abogado ha indicado que espera que esta situación no se repita en aquellos núcleos de Canarias que en estos momentos están pendientes de sentencias por la Ley de Costas, la mayor parte de ellos pueblos costeros canarios existentes antes de 1988, fecha que se puso en marcha dicha ley.
En estos momentos, más de 150.000 personas en el archipiélago podrían estar amenazadas por la aplicación del carácter retroactivo de la Ley de Costas que afecta, especialmente, a núcleos urbanos existentes muchos años antes de su entrada en vigor y que forman parte del patrimonio histórico de las islas, de su cultura y de su idiosincrasia.
