Los ayuntamientos palmeros viven, más que nunca, acuciados por la realidad; empiezan a darse circunstancias que los superan. Primero fue la “mala nueva” de la aplicación por parte del Cabildo de La Palma de la Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias en lo concerniente al reparto de los fondos del REF para 2013, lo que supondrá una reducción de un millón de euros para los ayuntamientos con respecto a lo que obtuvieron el año anterior. La merma es importante, si se tiene en cuenta que se trata de las administraciones más cercanas a los vecinos, a los que ofrecen sus servicios con una funcionalidad inteligente orientada, por conocerlas, hacia las necesidades más apremiantes. Es verdad que los ayuntamientos recibirán de la primera institución de la Isla, con cargo al Plan Insular de Obras y Servicios, 700.000 euros extras en 2013, inyección económica que unas corporaciones destinarán para terminar infraestructuras y otras lo tendrán que gastar en mantener los servicios básicos que ofrecen a los vecinos. Dicen que “los pobres con agüita hacen caldo” y los ayuntamientos están acostumbrados a asumir competencias y cumplir con ellas en la medida de sus posibilidades, es decir administrando “migajas”. Sin embargo, las malas noticias nunca vienen solas, la segunda revelación todavía es peor que la primera. Con el nuevo régimen de la Administración local que quiere implantar el Gobierno de España, según el consejero de la Presidencia del Ejecutivo autónomo, Francisco Hernández Spínola, 13 de los 14 consistorios palmeros, se quedarían en “meros cascarones condenados a una muerte dilatada y progresiva”. Ser o no ser, he ahí la cuestión? No sé si el consejero ha “hecho de una pulga un elefante”, porque, de inmediato, políticos de otros partidos, han intentado matizar estas declaraciones. Lo que sí parece cierto es que muchos de nuestros ayuntamientos perderán atribuciones y su futuro es preocupante e incierto. Todavía no se ha aireado lo suficiente la reforma, tampoco están demasiado claros los conceptos, pero todo esto, da pábulo a las inquietudes y aumenta la desazón entre los ediles locales, que reflexionan y hacen mil cábalas sobre la oportunidad de la norma y el interés que la impulsa. Tal vez por eso, los defensores a ultranza de la municipalidad, que no quieren que les pille con el paso cambiado o mirando para los celajes, se adelantan con sus opiniones a los hechos, más vale un “por si acaso” que un “creí que” o “pensé que”, lo que ocurre es que “creí que” y “pensé que” son expresiones que las políticas centralizadoras las ahorcan en Madrid. El comisionado de la Fecam y alcalde de Puntagorda, Vicente Rodríguez, considera que el Gobierno central está empezando la reforma de la administración local por el “camino equivocado” ya que deja en el aire las competencias y el futuro de muchos ayuntamientos. De momento, cuando no resulta fácil conocer el pensamiento de quienes nos gobiernan en las altas esferas del Estado, la fuerza moral, pródiga en sinceridad, está en los alcaldes, que saben mejor que nadie lo que cuesta solventar las cuestiones en el ámbito de nuestra vida ciudadana, e intentan fortalecer con escasos recursos la organización de los servicios municipales, especialmente los sociales, en aras de una mejor convivencia y calidad de vida. ¿Sobran ayuntamientos? Posiblemente. Como también nos hemos excedido en la configuración de otros escalones de la administración del Estado. De ahí, la conveniencia de analizar las distintas situaciones con seriedad y rigor, porque hay municipios de menos de veinte mil habitantes que, aunque despacio y con dineros escasos, trabajan con ilusión para conseguir que las raíces de la convivencia sean cada día más profundas, sacando provecho, desde la diferencia, a las peculiaridades de cada uno, y entendiendo que el trabajo bien hecho de sus mandatarios es una razón, tan válida como otra cualquiera, para no ser barridos de un plumazo por aquellos que, nos guste o no, tienen el poder de legislar y los instrumentos necesarios, desde una mayoría absoluta, para transformar y desviar el curso de la historia.