Raquel

“Denme trabajo que me quieren quitar a mis hijos”, pedía desesperada de puerta en puerta, poco antes de morir, Raquel, la madre grancanaria de solo 24 años que se suicidó en agosto, incapaz de resistir por más tiempo la presión a la que era sometida por las administraciones públicas. Desde los servicios sociales la amenazaban con abrirle un expediente de riesgo y quitarle la custodia de sus hijos.

Raquel, por haber sufrido durante su infancia una situación temporal de abandono por parte de su madre, sabía por experiencia propia lo que significaba que sus niños se criaran en un centro de acogida. Raquel no era mala madre, no descuidaba el cuidado de sus hijos, ni tampoco los maltrataba. Los quería y atendía diligente y amorosa, según relata su padre. Su único problema era meramente económico: soportaba la misma insuficiencia de ingresos que miles de padres y madres de familia que durante los últimos años de crisis-estafa han perdido sus empleos; en muchos casos hasta sus casas; y que sufren a diario ante la terrorífica visión de la nevera vacía, la falta de ayudas y la infumable ineficiencia institucional.

Según la denuncia conjunta de la Plataforma por la Dignidad de las personas, la Asociación de niños peregrinos y la Asociación por la rehabilitación del Parque Viera y Clavijo, son muchos los padres de familia con problemas económicos que evitan pedir ayuda a unos servicios sociales que les amenazan con quitarles a sus hijos, en lugar de auxiliarles desde la empatía y la humanidad. Es incomprensible y escandaloso, tal y como detallan estos mismos colectivos, que las instituciones prefieran separar a unos hijos de unos buenos padres, y pagar casi 4.000 euros al mes de dinero público por cada menor tutelado por la Administración en un centro o en una ONG, en lugar de ayudar de forma directa a las familias empobrecidas. ¿No es preferible acaso, como señalan las leyes nacionales e internacionales, primar el interés y los derechos del menor por encima de cualquier consideración? ¿No es más lógico que los recursos sociales y económicos se encaminen a la permanencia del menor con su familia de origen?

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