Venezuela, otras decisivas elecciones hacia ninguna parte

Venezuela tiene los combustibles más baratos del mundo. Con lo que cuesta aquí un litro de gasoil se ponen allá mil doscientos cincuenta litros, si consideramos el valor de la moneda nacional el que cotiza en el mercado paralelo de divisas que en estos días está, según las diversas páginas web, en unos 49.000 bolívares por euro. La empresa nacional de petróleos PDVSA tiene que regalar el combustible a las estaciones de servicio porque los precios son tan bajos que el margen de comercialización es mayor al valor del producto.

El país de Bolívar tuvo una inflación de precios al consumidor de un 33 por ciento anual en 2012, una de las mayores del planeta, sólo superado por Etiopía y Bielorrusia. Para este año se calcula que podrá llegar hasta el 48 por ciento convirtiéndose en el país más inflacionista del mundo. Sin embargo, lleva 15 años de congelación de precios de la gasolina. Esto supone que PDVSA va perder este año unos 2.600 millones de dólares, al cambio oficial, por distribuir 290.000 barriles al día en las gasolineras venezolanas. Estos precios estimulan el derroche y el contrabando con Colombia que importa, ilegalmente, unos cuatro millones de litros al día. Como las obsoletas refinerías locales no cubren la demanda nacional, PDVSA debe importar de Estados Unidos y Curazao el equivalente a tres mil quinientos millones de dólares anuales de combustible refinado que paga a precios internacionales y que luego regala a los venezolanos.

Pudiera parecer que esta situación tan anómala es una de las consecuencias de la mala gestión del gobierno revolucionario. Pero, posiblemente, no sea del todo cierto esta aseveración: el propio ministro de Petróleos y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, ha enumerado todos estos asuntos como una situación insostenible para la buena marcha de la empresa pública y las finanzas del país.

El 27 de febrero de 1989 en la ciudad dormitorio de Guarenas, cerca de Caracas, unos pocos usuarios del transporte público comienzan unas espontáneas protestas contra los choferes y empresarios al pretender éstos subir el precio de los pasajes en un 100% , cuando sólo estaba permitido un incremento del 30%. Las emisoras de televisión y radio llevaron imágenes y testimonios de la protesta a todo el país, incluida la infortunada decisión del responsable político de Guarenas de reprimir con “plomo” a los manifestantes. Fue como un reguero de pólvora que incendió a toda Venezuela, absorbida por los ajustes impuestos por el FMI que ejecutaba el socialdemócrata presidente Carlos Andrés Pérez. Fue el “Caracazo de 1989”: la gente bajó de los barrios de Caracas y saqueaba los comercios, quemaba guaguas y camiones? La cifra de muertos, a manos de la Policía Metropolitana y Guardia Nacional se calcula en más de 4.000. Y es que parte del paquete económico del gobierno establecía, además, la liberación de los precios y de las tasas de interés, aumentos en el precio de la gasolina (en 100%), de las tarifas de electricidad y teléfono (en 50%), así como la eliminación de subsidios y del control de cambio entre el bolívar y el dólar.

Además, esperando la liberación de los precios, los industriales y comerciantes mantenían acaparados algunos productos de primera necesidad para etiquetarlos con nuevas subidas de PVP. Los principales titulares de la prensa nacional de los dos primeros meses de 1989 destacaban la ausencia de leche, café, sal, arroz, azúcar, papel higiénico, detergente y aceite de los supermercados de Venezuela. “Cinco horas para comprar dos botes de leche”, era uno de los titulares de esos días del diario El Nacional.

Casi todas estas circunstancias se dan en 2013, en estos momentos de economía nacional venezolana en emergencia. Y se toman decisiones impopulares parecidas a las del Gobierno de “El Gocho”, como llamaban al andino Carlos Andrés.

El Gobierno Revolucionario le dice ahora a los empobrecidos trabajadores que la escasez de papel higiénico, leche, harina de maíz, pollo, mantequilla? no es culpa de las malas políticas sino de los acaparadores, la oligarquía que ya denunciaba desde mediados del siglo XIX el fundador del Partido Liberal, Antonio Guzmán.

En la actualidad, la liberación de precios es, en la práctica, una realidad incuestionable, pues mientras los productos de la cesta básica, regulados por el Gobierno, escasean y provocan grandes colas de cientos de personas que durante 8 ó 9 horas se agolpan en los abastos para aprovisionarse de pollo o aceite, las clases adineradas no tienen ningún problema en conseguir todos estos productos en establecimientos ultramarinos que los venden a unos precios muy superiores, quintuplicando a veces su valor.

El control de cambio de divisas es una pesadilla diaria para el pragmático ministro de Finanzas Nelson Merentes. Para poder acometer el enorme volumen de gasto público, generado en parte por políticas populistas y apoyo a gobiernos revolucionarios de otros países, el Gobierno necesita divisas que no consigue al cambio oficial que maneja el Cadivi de 6,28 Bs (f) por dólar y pone en marcha un mecanismo de subasta de dólares a través del Sicad que eleva el precio del billete USA a unos 14 Bs (F), lo que significa una devaluación encubierta de más del 50 %. Pero es que, además, el aparato productivo del país está bajo mínimos. El propio ministro de Agricultura y Tierras, Yván Gil, reconoce que el país importa el 50 % de los alimentos que consume y que el Gobierno no ha aumentado la producción al mismo ritmo que el consumo. Sin embargo, empresarios y políticos opositores elevan esa cifra hasta un 80% de productos importados en un país de enormes potencialidades productivas.

Sin embargo, la principal diferencia con las debilidades del sistema que produjo el Caracazo de 1989 es justamente el precio de los combustibles, que evapora divisas y esfuerzos, y el precio de los pasajes del transporte público. El Gobierno, hábilmente, no se atreve a modificar los precios ridículos de los carburantes regalados a la población, ni implementa políticas de control y eficiencia energética (en los barrios casi no se paga electricidad, se enganchan los cables a los tendidos), ni modifica el precio de los pasajes de transporte público que mantiene en un precio fijo para todas las rutas urbanas de 5 Bs (F). Hugo Chávez basó su intento de sacar del poder a Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero de 1992, según dijo muchas veces, por las políticas neoliberales impuestas por el FMI que empobrecían a la población y que ejecutaba el Gobierno y, sobre todo, por dignificar a las fuerzas armadas que fueron utilizadas para masacrar a la población civil.

En estos momentos, la inflación empobrece a los trabajadores venezolanos, escasean productos básicos, hay acaparadores de alimentos y las desigualdades entre ricos y pobres se acentúan. Todo muy semejante a las condiciones de vida de 1989 que originaron una revuelta social de magnitudes monstruosas. La diferencia es que el Gobierno de ahora es revolucionario y convence a la empobrecida clase trabajadora sobre sus postulados de rebeldía social, circunstancia que también aprovechan los empresarios, terratenientes o banqueros afectos al Régimen, cada día en mayor número, que no ven peligrar sus intereses ante una población trabajadora , que gana sólo unos 150 euros de salario al mes, fuertemente ideologizada y comprometida con el Socialismo del Siglo XXI que, eso sí, ha mejorado su asistencia sanitaria, con la Misión Barrio Adentro de los 60.000 médicos cubanos y que cobra pensiones de vejez, muy escasas, pero generalizadas.

El 8 de diciembre hay elecciones a las alcaldías y concejalías de los municipios. El Gobierno está poniendo sus ocho medios de televisión públicos, las cadenas nacionales y, ahora, Globovisión, en transmitir sus mensajes de izquierda y revolución, propone para las alcaldías personajes públicos del deporte o la televisión y acosa a los candidatos de la oposición con denuncias por corrupción y los amenaza con la cárcel (sobre todo a los chavistas que “saltaron la talanquera” y se pasaron de bando como Henry Falcón, Guarulla o “Gato” Briceño, gobernadores de Lara, Amazonas y Monagas) . Y es que está en juego el chavismo sin Chávez, no se habla de política municipal en esta larga campaña electoral ya comenzada sino de los retos del futuro. Lo peor de todo esto es que, si ganara la MUD, la oposición reunida y no unida como dice el proscrito Poleo, lo único destacable serían las posibilidades de cambio que podrían avecinarse. Pero sólo cambio de rostros y gestos porque estoy convencido que un futuro Gobierno no chavista tendría poco margen de maniobra en un país con comportamientos sociales arraigados muy difíciles de cambiar. Ni el gobierno de Chávez ni el de Maduro se han atrevido a tocar los precios de la gasolina que ya hicieron caer un gobierno y un sistema. Y si ganara Capriles o cualquier otro, tampoco. Y es que ya lo dijo el malvado dictador Juan Vicente Gómez, que gobernó Venezuela desde 1908 a 1935 cuando, antes de enviar a la temible cárcel de La Rotunda al General Delgado Chalbaud que estaba conspirando para derrocarle, le dijo: “Si el sapo salta y se ensarta, la culpa no es de la estaca”.