Barlovento colaborará con el Estado en la protección policial de las víctimas de la violencia de género

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y el alcalde de Barlovento, Jacob Anís Qadri, han firmado este lunes un protocolo de coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por el que la Policía Local del municipio colaborará en la protección de las víctimas de violencia de género, se indica en una nota de prensa de la Delegación del Gobierno de España en Canarias.

Con esta firma, añade, Barlovento se convierte en el quincuagésimo quinto municipio de Canarias y el séptimo de La Palma en suscribir un protocolo que establece los cauces de la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en la protección de las víctimas, aunque en este caso sin llegar a incorporarse al Sistema VioGén.

“Hoy podemos decir que La Palma cuenta ya con la mitad de sus términos municipales cubiertos por la red de protección a las mujeres maltratadas y a sus hijas e hijos que extiende este tipo de protocolos que la Delegación del Gobierno promueve con los ayuntamientos de Canarias. Éste es además el tercero que firmamos en esta Isla este mes, gracias al impulso y el trabajo de nuestra Dirección Insular, con Ana de León, la directora insular, al frente”, afirma el delegado del Gobierno.

“Pero además hemos de destacar el compromiso y la sincera predisposición de todos los ayuntamientos canarios y sus alcaldes en la colaboración con la lucha que desde el Estado libramos contra la violencia de género. El apoyo de nuestros alcaldes, como hoy el de Barlovento, y su Policía Local es decisivo para elevar los niveles de eficacia de nuestro sistema de protección a las víctimas. Nuestro compromiso como Delegación del Gobierno es seguir firmes en esta lucha, extendiendo nuestro escudo protector por todos los rincones del Archipiélago”, añade.

El 62,5 % de los municipios canarios han firmado un protocolo de colaboración

En la nota se señala que “además de Barlovento, Moya, Tejeda, Artenara, Valleseco, Valsequillo y Firgas (Gran Canaria), El Paso, San Andrés y Sauces, Breña Alta y Villa de Mazo (La Palma), Betancuria (Fuerteventura), Haría, Yaiza, Tinajo y Teguise, en Lanzarote, y Vallehermoso, Hermigua, Valle Gran Rey, Alajeró y Agulo (La Gomera), han firmado sendos protocolos de colaboración policial con el Estado contra la violencia de género de este tipo, que no comprenden la incorporación al Sistema VioGén que el Estado puso en funcionamiento en 2007 para permitir el seguimiento y protección de forma rápida, integral y efectiva de las mujeres maltratadas, y de sus hijos e hijas”.

A ellos, añade, se suman 34 municipios canarios que han firmado protocolos de colaboración que sí comprenden la incorporación al Sistema VioGén, 19 de la provincia tinerfeña y 15 de Las Palmas: Santa Cruz de Tenerife, Tegueste, San Miguel de Abona, Güímar, Granadilla de Abona, El Rosario, Santiago del Teide, Puerto de La Cruz, Adeje, Candelaria, La Orotava, Fasnia, Vilaflor de Chasna, Los Realejos, Arafo y La Guancha en Tenerife; La Aldea de San Nicolás, Ingenio, Santa Brígida, San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Santa María de Guía, Agaete, Arucas y Teror en Gran Canaria; Antigua, Puerto del Rosario y Pájara, en Fuerteventura; Tías, Arrecife y San Bartolomé, en Lanzarote; La Frontera, en El Hierro, y Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma, en La Palma.

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, se señala en la nota, hasta el pasado 30 de abril un total de 48.225 casos habían sido objeto de protección por parte del Sistema VioGén en Canarias, 25.053 en la provincia de Las Palmas y 23.172 en Santa Cruz de Tenerife.

De ellos, y hasta ese mismo día, indica, 4.213 permanecían activos en todo el Archipiélago, de los que 2.042 se registraban en la provincia de Las Palmas y 2.171 en Santa Cruz de Tenerife.

La búsqueda de la colaboración entre instituciones en los distintos niveles administrativos contra la violencia sobre la mujer, concluye, forma parte del firme compromiso del Gobierno de España con la lucha contra esta lacra social y la protección de las víctimas, en el marco del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género y la Ley Orgánica 1/2004.