Cabrera: “El PP seguirá dando la batalla sobre Fuente Santa”
El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera, “ha reiterado nuevamente la solicitud de los informes técnicos que avalan la no aplicación del artículo 47 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias en relación a la Fuente Santa y en los que se escuda la consejera de Política Territorial del Gobierno Autonómico, Nieves Lady Barreto, para la actual paralización de la aplicación del mencionado artículo”, señala el PP en un comunicado. Al efecto, ha asegurado que “ante la apatía de otros, el PP seguirá dando la batalla sobre Fuente Santa pues se trata de un proyecto al que no se puede ni se debe renunciar en La Palma”.
Cabrera recuerda que “el Partido Popular fue el encargado en el anterior mandato en dar un impulso importante a este importante proyecto que llevaba años abandonado en un cajón y así se puso en marcha el concurso de ideas, se trabajó en las modificaciones necesarias en materia de urbanismo para poder construir el balneario e incluso se desarrollaron unas jornadas de puertas abiertas que fueron un rotundo éxito”.
Apunta que “Fuente Santa era y sigue siendo un recurso natural de incalculable valor al que se le había dado completamente la espalda y desde el grupo Popular entendimos que debíamos activarlo y así lo hicimos”.
El consejero del PP apunta que desde que su “formación política dejó el Gobierno se toman decisiones incomprensibles y que lo único que consiguen es coartar el posible desarrollo económico y turístico de la Isla”.
Cabrera explica que “son completamente incomprensibles los argumentos expuestos en la comparecencia de la consejera de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, el pasado 11 de febrero a petición del grupo Popular”, y recuerda que “además de que la propia Consejería encargó a Gesplan la redacción de las normas sustancias que misteriosamente ahora no pueden aplicarse, también el Parlamento aprobó a través de la disposición adicional decimoctava de Ley 14/2014, 26 diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales la incorporación del sistema general de equipamiento turístico-termolúdico, Fuente Santa, en ese espacio natural como paso previo a la aplicación del habilitante artículo”.
“Se estaban dando todos los pasos necesarios y de manera coordinada entre las tres administraciones, Cabildo, Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Fuencaliente, y el cambio de gobierno de mayo de 2015 ha supuesto unos cambios de criterio completamente inadmisibles para la Isla y ante los que el Partido Popular no será cómplice por el grave daño que están ocasionando”, ha indicado.
Señala que “en octubre de 2015 solicitó al equipo de Gobierno del Cabildo, conformado por socialistas y nacionalistas, los informes aludidos por la Consejería del Gobierno de Canarias para no aplicar el artículo 47 del Texto Refundido y cuatro meses después ha reiterado la solicitud pues hasta la fecha no se le ha hecho entrega de una documentación que considera prioritaria”.
Puntualiza también que “cuando se gobierna se debe ser valiente y el hecho de que la aplicación de este artículo pueda impugnarse o recurrirse ante los tribunales no es motivo suficiente para no optar por ese camino sin más”. Plantea que “se deben buscar todas las garantías legales para que se pueda seguir adelante” y recuerda que “cualquier actuación o decisión administrativa, máxime en el ámbito de la ordenación territorial y el urbanismo, puede encontrar una respuesta en un contencioso y no necesariamente tiene que ser negativa para la administración”.
Explica que su grupo “no comparte este oscurantismo por el que está optando el Gobierno del Cabildo no facilitando la documentación” y sostiene que “en este momento desconoce las razones técnicas que supuestamente fundamentan la decisión tomada. Cuando cuesta tanto hacer públicas las decisiones técnicas, cada vez hay mayores sospechas de que realmente se tratan de razones políticas insulares y/o regionales que no se posicionan con valentía en la defensa de los intereses de la Isla amparados en la legislación vigente”, ha subrayado. Añade por otro lado que “es curioso que se trata de la misma legislación que sí se aplica en otros lugares de Canarias y que se rechaza en La Palma”.
