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“La gestión pública de servicios básicos tiene efectividad económica y social”

El teniente de alcalde de Medina Sidonia (Cádiz), Santiago Gutiérrez, de IU, ha dado a conocer en Tazacorte la política que se desarrolla en su municipio, referente en la remunicipalización de servicios básicos.

Santiago Gutiérrez ha visitado La Palma recientemente.

Santiago Gutiérrez ha visitado La Palma recientemente. LUZ RODRÍGUEZ

“La gestión pública de servicios básicos tiene efectividad social y económica”. El teniente de alcalde de Medina Sidonia (Cádiz), Santiago Gutiérrez, de Izquierda Unida, ha participado en la Casa Massieu de Tazacorte en una charla-coloquio, bajo el título ¿Pueden volver a ser públicos los servicios privatizados?, organizada por IUC, en la que ha dado a conocer la política que se lleva a cabo en su municipio, un referente en la remunicipalización de servicios básicos con reconocimientos de instituciones como la Relatoría Especial de la ONU sobre del derecho humano al agua o la Defensoría del Pueblo Andaluz. 

En una entrevista con La Palma Ahora, Gutiérrez, licenciado en Ciencias Medioambientales y doctor en Tecnología Ambiental y Gestión del Agua, ha explicado que en 2011, cuando IU llegó al Ayuntamiento de Medina Sidonia, “iniciamos un proceso de sociedades municipales de empresas públicas para tener herramientas de intervención en la economía local y proceder a la recuperación de servicios públicos”. “Hicimos una fusión de las empresas que había en el municipio y, a partir de ahí, empezamos a remunicipalizar servicios municipales; después de seis años de trabajo,  actualmente en Medina Sidonia estamos gestionando bien mediante la empresa municipal, Medina Global, o mediante el propio Ayuntamiento prácticamente todos los servicios públicos de competencia municipal”. “Lo hacemos con la empresa pública mediante licitaciones y contratos a pequeñas y medianas empresas ligadas al territorio”, subraya. “Lo que hemos hecho es sacar a las grandes empresas, a las multinacionales, unas vez vencidos los contratos que tenían con el Ayuntamiento, las concesiones y recuperar paulatinamente esos servicios”, detalla. 

Este proceso, destaca, “se está dando en España ahora mismo en grandes municipios, pero nosotros tuvimos la suerte de iniciar este camino un poquito antes, porque no somos de los ayuntamientos del cambio del 15 sino que empezamos en el año 2011, y estamos más avanzados que otras corporaciones que están en la misma línea”. “Se trata de un movimiento bastante potente que está aglutinando a un conjunto de ciudades en torno a una misma idea, porque la privatización de servicios básicos en multinacionales ha dado malos resultados económicos a la inmensa mayoría de los ayuntamientos”, asegura. 

“En el contexto de la crisis en la que estamos, hay muchos equipos de gobierno, de diferentes partidos, no solo de Izquierda Unida, que se han dado cuenta de que las grandes multinacionales en régimen de monopolio estaban gestionando los servicios y no había posibilidad de un control efectivo de los ayuntamientos sobre esas concesiones, por lo que se producían abusos de mercado, abusos a los usuarios,  y se generaba un problema económico a las corporaciones”, afirma.

Garantizar los derechos básicos a la ciudadanía

El teniente de alcalde de Medina Sidonia, responsable provincial de Servicios Municipales en Cádiz, recuerda que “en estos años se han dado una serie de hitos, como en el agua, que es un poco la bandera de todo esto, con la declaración del agua como Derecho Humano Universal en 2010, y se empezó a formar un movimiento que lo que perseguía es garantizar los derechos básicos de la ciudadanía en relación con los servicios públicos; fundamentalmente, los cortes de suministro de agua han sido un problema gravísimo en muchos ayuntamientos, sobre todo en el sur de España, donde el desempleo y la exclusión social son más graves”. 

Santiago Gutiérrez junto al concejal de IUC e Tazacorte, Carlos Martín, durante la charla-coloquio.

Santiago Gutiérrez junto al concejal de IUC en Tazacorte, Carlos Martín, durante la charla-coloquio.

“El modelo de privatizaciones no solo no ha dado buenos resultados económicos y técnicos a los ayuntamientos si no que además se ha traducido en el marco de la crisis en un problema de falta de derechos con cortes de suministros”,  sostiene Gutiérrez. “Cuando nosotros comenzamos a remunicipalizar, lo hicimos en contra de la corriente porque en aquel momento la dinámica general era la de la privatización y disolución de las empresas públicas porque los ayuntamientos entraron en una grave crisis económica de déficit y se creó una serie de normativas que lo que pretendían era que una vez que las corporaciones tuvieran un problema de déficit, de alguna manera, forzarlos a privatizar los servicios básicos que les quedaban de valor”, añade. “En este contexto surge la burbuja de los servicios públicos y los ayuntamientos empiezan a privatizar aceleradamente servicios como agua o la recogida de residuos”, dice. 

En la actualidad, apunta, “el péndulo se ha ido para otro lado y muchos ayuntamientos se han dado cuenta de que se puede hacer buena gestión pública con sociedades municipales o con el propio ayuntamiento, y que eso tiene una serie de ventajas, y la primera es que los servicios públicos, una vez remunicipalizados, en general, son más baratos”. “La remunicipalización es un patrimonio que tienen los municipios y en el contexto de la crisis supone una herramienta de los ayuntamientos para intervenir en la economía, para crear empleo, mover la economía local para dar cabida a la pequeña y mediana empresa”, resalta. “Cuando hay privatizaciones, las grandes empresas controlan los servicios durante muchos años, se autolicitan las obras de infraestructuras, las contratas, y al final todo queda en un círculo que no conlleva una mejora de la economía local, ni la intervención de los agentes cercanos al territorio tanto económicos como sociales”, agrega. 

“Nuestra experiencia es que estamos gestionando todos los servicios municipales y nos va bien, nuestras cuentas anuales dan márgenes de beneficios, pero la gran diferencia es que más allá de la efectividad económica hay efectividad social, y esos márgenes, a diferencia de lo que ocurre con las multinacionales, se reinvierten íntegramente en el municipio”, remarca. “En nuestro caso, Medina Global, factura cerca de cinco millones de euros anuales, y los márgenes de beneficios los reinvertimos fundamentalmente en obra pública hidráulica y en el ámbito social”.

"La gestión pública es una garantía de que se cumplan los derechos humanos" 

“Uno de los motivos por los que Medina Sidonia ha tenido relevancia en este movimiento es porque fuimos uno de los primeros municipios en aplicar los suministros mínimos vitales de agua, garantizando gratuitamente un mínimo de 100 litros de agua por habitante y día a todas las familias que están en riesgo de exclusión social”, apunta. Esta medida municipal le valió el reconocimiento de la Relatoría Especial de la ONU y de la Defensoría del Pueblo Andaluz. “La gestión pública es una garantía de que se cumplan los derechos humanos en un servicio básico y esencial como es el agua”, recalca. 

“Después de este movimiento, y fruto de la sequía importante que hay en la Península, ha habido una serie de reuniones y un encuentro muy importante en Zaragoza donde se han reunido diferentes fuerzas políticas y movimientos sociales de todo tipo para buscar un pacto social que garantice los derechos humanos y los servicios públicos gestionados desde un punto de vista social”, relata. “Existe un pacto en el que se integra el carácter medioambiental, la defensa de los ríos, porque el Gobierno del Partido Popular, al amparo de la sequía, ha empezado a sacar lo que se llama el Plan agua que trata de recuperar la vieja política del agua, que se basa en los trasvases, en la política del ladrillo, no en el ahorro, la eficiencia y el reciclaje, y en la privatización de nuevo de servicios”. Y fruto de este movimiento, indica, “se ha firmado el Acuerdo Social en Defensa de los Ríos y del Agua Pública que pretende ser un documento de consenso que se va a llevar a todos los ayuntamientos del país de cara a que las diferentes fuerzas políticas lo firmen y lo apoyen, o no, y así se retraten de cara a las elecciones municipales del año que viene”. “Es un movimiento social que lo que persigue es el apoyo político para fundamentar, con vistas a las elecciones municipales, los cambios en las concesiones que están venciendo ya en muchos sitios del país y hay que abrir un debate, una vez vencidas esas concesiones, sobre si el modelo de gestión que queremos de nuestros servicios públicos es el que había -un modelo privado en el cual se ha generado corrupción, falta de derechos, problemas económicos etc.- o si debemos buscar un nuevo modelo con los referentes que tenemos ahora mismo en muchos ayuntamientos”, precisa. 

Santiago Gutiérrez es optimista y espera “una verdadera dinámica de recuperación a lo público de servicios básicos que se habían privatizado en los últimos años”.

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