El PSOE propone la agilización de los trámites entre los servicios sanitarios y los juzgados para los casos de violencia de género y dependencia
La diputada del Grupo Parlamentario Socialista por La Palma, Matilde Fleitas propuso este viernes, 5 de junio, la aplicación por parte de la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias de distintas medidas que “agilicen los trámites administrativos entre los servicios sanitarios y los juzgados de las islas, con el objetivo de dar respuestas a las demandas de la ciudadanía y aligerar el colapso de la justicia, en especial en los casos de violencia de género y personas en situación de dependencia”, indica el citado grupo en una nota de prensa.
La diputada socialista intervino en la Comisión de Gobernación, Desarrollo Económico, Justicia y Seguridad del Parlamento de Canarias para preguntar al Gobierno regional sobre la modernización de las notificaciones entre los juzgados y el Servicio Canario de la Salud, y solicitar al Ejecutivo autonómico que la relación interadministrativa se implemente y se dote de mecanismos para dar respuesta a las demandas ciudadanas y “a las necesidades reales de esta comunidad autónoma”.
Fleitas también solicitó a la referida Consejería que “continúe impulsando la senda de la modernización en la Administración de Justicia, y que se sienten las bases para que la efectividad del traslado de los partes de lesiones de mujeres víctimas violencia de género desde los servicios sanitarios hasta los juzgados se haga de una manera efectiva, porque es vital en la lucha contra la violencia de género”.
En este sentido, recordó la importancia de que las comunicaciones interadministrativas se realicen de manera rápida y eficaz, “a través de los programas específicos de gestión como el LexNet, puesto en marcha en pruebas antes de la declaración del Estado de Alarma”, y puso de ejemplo los casos de violencia de género.
“Cuando una mujer víctima de violencia de género acude a un centro del Servicio Canario de Salud se emite el correspondiente parte de lesiones y, de igual manera debería cumplimentarse y elevarse en el caso de la sanidad privada. Si la víctima aporta este parte de lesiones en la correspondiente denuncia, serán los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado quienes en el atestado correspondiente lo eleven al Juzgado de Guardia para que se incorpore en las diligencias que se practiquen, pero en muchas ocasiones, la víctima no quiere denunciar y, por ser un delito de carácter público, es necesario que el personal médico lo eleve de oficio”, explicó.
Además, alertó sobre “lo relevante que supone la agilización de las comunicaciones entre los servicios sanitarios y los juzgados en los casos sobre la capacidad de las personas, ya que se trata de procedimientos largos en los que en muchas ocasiones llegamos tarde aplicando justicia, ya que cuando resolvemos o incluso antes, la persona ha fallecido o tiene consecuencias de carácter irreparable”.
Por este motivo, concluye la nota, apostó por la implementación de más medidas que ayuden a aligerar el colapso de la justicia, “un mal que no afecta sólo a Canarias, pero no vamos a conformarnos con trabajar para el aprobado, porque podemos servir de ejemplo, como ya lo hemos sido en otras ocasiones, de administración puntera en lo que a gestión procesal se refiere”.
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