“El sector turístico debe ser el impulsor en La Palma de la diversificación económica”
“El sector turístico debe ser el impulsor en La Palma de la diversificación económica y de la potenciación de las labores de investigación, desarrollo e innovación tecnológica y científica, y debe servir para dotar a nuestra sociedad de una estructura sólida, estable, equilibrada y formada, mejorando nuestro niveles de riqueza, integración y empleo”, aseguran los arquitectos Ángel Caro Cano y Justo Fernández, de la UTE Caro&Mañoso y Fernández Duque, a quien el Cabildo ha encargado la estrategia del desarrollo turístico de la Isla.
A comienzos de años 2000, recuerdan, “Canarias había superado los 12 millones de turistas anuales y se había acelerado notablemente el ritmo del crecimiento turístico para atender una demanda creciente apoyada en una planificación netamente desarrollista, con una dinámica de depreciación en la oferta turística provocada por una pérdida de calidad en el destino y masificación de oferta”. Asimismo, añaden, “aparecen procesos de residencialización a viviendas de baja calidad de la oferta extra hotelera más antigua, junto con un desmesurado crecimiento demográfico en las islas turísticas que contrastaba con el estancamiento de las islas verdes y una intensificación de la desigualdad en cuanto al desarrollo económico y social entre las islas turísticas y las islas verdes”.
Explican que “tal situación hizo que se reclamara desde las islas turísticas urgentemente una intervención pública en la ordenación del territorio y, específicamente, del turismo, en tanto que constituía el principal objetivo de la política de desarrollo sostenible de Canarias”. Pero Ángel Caro y Justo Fernández se preguntan “si respondía este escenario a la situación real de las islas verdes”. “El escenario socioeconómico real que presentaban las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma desde principios del año 2000, que se ha ido agravando progresivamente hasta alcanzar tintes de una manifiesta insostenibilidad, se caracterizaba por un tejido empresarial débil y poco cohesionado, alta tasa de desempleo, regresión demográfica, alto índice de envejecimiento, expulsión paulatina de población joven cualificada y dependencia socioeconómica de cultivos absolutamente subvencionados como el plátano”. A esta situación hay que añadir “una débil aportación del sector servicios, inexistencia del tejido industrial, renta per cápita más baja del Archipiélago e inmovilismo social y empresarial, con actividades estratégicas fuertemente monopolizadas, en una sociedad y economía dependiente”.
“Como respuesta a tal demanda se aprobó la Ley 6/2001 de Moratoria Turística que se basaba en frenar toda iniciativa de nuevas plazas turísticas, y que inexplicablemente se extendió a El Hierro, La Gomera y La Palma frenando drásticamente todas las iniciativas turísticas planificadas, por pequeñas y razonables que fueran”, subrayan Caro y Fernández, quienes consideran que la Ley de Moratoria Turística “se impuso a las islas verdes”.
Estos arquitectos se cuestionan, por otro lado, si la Ley 6/2002, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, facilitó realmente el desarrollo turístico de las islas verdes. “Todos los requerimientos normativos y condicionantes que desde la Ley 6/2002 se imponían a los planes territoriales especiales de ordenación turística de La Palma, La Gomera y El Hierro, como instrumentos diseñados para la salida de la moratoria turística de estas islas, entrañaban una moratoria turística encubierta, como así ha quedado demostrado”, afirman.
Consideran “necesario, conveniente y oportuno” modificar el marco normativo específico de las islas verdes porque La Palma, La Gomera y El Hierro “han estado sometidas durante los últimos quince años a una moratoria turística que ha agravado notablemente su situación socioeconómica”. “La incorporación de la economía turística dentro del modelo propugnado adquiere carácter de necesidad y urgencia y la modificación del marco normativo actual resultaba imprescindible para conseguir una mínima implantación turística”, exponen.
La Ley 2/2016, que contempla nuevas medidas para propiciar el impulso socioeconómico de las islas verdes, pretende “incorporar la economía turística de un modo efectivo y determinante a la socioeconomía insular”. “No podemos conseguir los objetivos sociales y, probablemente, tampoco los ambientales, sin articular un sistema económico que lo sustente”, resaltan. “La Palma tiene condiciones inmejorables para basar su desarrollo económico en el sector turístico, y el turismo constituye la primera industrial mundial, gracias a la cual, han adquirido algunas islas del Archipiélago los niveles de bienestar y riqueza de los que disfrutan en la actualidad”, dicen, y agregan: “El empuje de este sector tiene que ser perceptible en el resto de los sectores económicos, básicamente el agrícola y el industrial, y en el resto de las variables del modelo, esto es, la ambiental y la social”.
