“En la Isla se están vertiendo de forma ilegal residuos de plátano y no se actúa”
Era un pequeño empresario con tres empleados dados de alta en la Seguridad Social y ahora es un parado desencantado con la clase política y con la forma de proceder de algunas entidades plataneras de la Isla. Jorge Hernández es un joven ganadero y gestor de residuos no peligrosos que en 2010 puso en marcha un proyecto en su explotación de Barlovento “para poder gestionar los residuos derivados de los empaquetados de plátanos, principalmente de la comarca Norte”, según ha explicado a LA PALMA AHORA. Esta iniciativa contó con el apoyo “económico y moral” de los responsables de una importante cooperativa de plátanos y mantuvo su actividad hasta junio de 2013, fecha en la que le comunicaron que “no les interesaba mi servicio porque mis precios estaban fuera de mercado y no era competitivo”.
La ampliación de las instalaciones ganaderas para el proyecto de gestión de residuos no peligrosos le supuso a Jorge un coste de más de 70.000 euros y “por esa inversión toda mi explotación está en una situación muy comprometida”, afirma, y subraya que “ese servicio hace falta en La Palma”. “Me preocupa mi situación -porque era un pequeño empresario con tres empleados dados de alta en la Seguridad Social y ahora soy un parado- y también la del resto de emprendedores de la Isla, que inician una actividad y se encuentran solos, como me he sentido yo, sin que ningún cargo público haya intervenido en el tema de los residuos plataneros”, dice.
En La Palma, expone, para gestionar grandes volúmenes de residuos no peligrosos hay varias formas. Una de ellas es la alimentación animal, sobre todo, precisa, “si nos referimos a los residuos de los empaquetados de plátanos, un volumen en toda la Isla que pasa de los 15 millones de kilos anuales, pero que no es viable porque no hay ganado suficiente para consumir esa cantidad”. “La gestión que yo hacía era mixta, una parte por alimentación animal y otra por elaboración de compost con destino al cultivo del plátano; cobraba entre 25 y 30 euros por recoger y gestionar legalmente una tonelada de residuos”, señala.
La otra opción legal para el tratamiento de los despojos plataneros, según Hernández, es su derivación al complejo ambiental de Los Morenos, en Villa de Mazo, que cobra 60 euros por tonelada (47 euros por la gestión y 13 por el transporte). “Pero esto tiene un agravante para los ciudadanos, porque lo que entra allí de residuos no peligrosos, como los vegetales, no puede salir como compost porque el complejo no tiene capacidad para elaborarlo; el resultado final es material vegetal bioestabilizado que no se reutiliza y que se queda en una celda de vertidos; hay que almacenarlo puesto que los agricultores no lo quieren ni se puede usar en jardines porque se mezcla con otro tipo de residuos que pueden contener metales pesados”, sostiene.
El sistema “ilegal”, detalla, consiste en “tirar los residuos en los montes de Garafía, debajo de los pinos o en un barranco, o saturando la capacidad de la explotación ganadera, porque algunas son vertederos encubiertos”. “Tirar los residuos en el monte es la opción más barata porque no hay que pagar el transporte ni el gestor”, señala. “El gran lobby platanero ejerce mucha presión en esta Isla; yo he mantenido reuniones con los responsables políticos, me han asegurado que se van a arreglar las cosas pero nunca se hace nada”, apunta.
Hernández recuerda que los residuos plataneros suponen “entre el 12% y el 15% de lo que se empaqueta, de lo que sale por el muelle, y dónde están esos residuos, pues en los barrancos”. “Si las sanciones que están en el código penal se les aplicaran, seguro que se acabaría esta práctica ilegal”. Este ganadero está convencido de que “las cosas se pueden hacer de otra manera” y admite que se ha sentido “ninguneado”.
Ante esta situación, Jorge Hernández ha dirigido un documento al Cabildo y a la Dirección Insular de la Administración General del Estado en el que expone que en La Palma “se está cometiendo una práctica ilegal, a la vez que deleznable, por parte de algunas entidades plataneras, como es el vertido de los residuos resultantes del empaquetado de plátanos en cualquier lugar (bajo un pinar, en algún descampado, en barrancos, saturando la capacidad de las explotaciones ganaderas y convirtiéndolas en vertederos encubiertos etc.,)”. Añade que “a priori, estos residuos deberían ser gestionados adecuadamente, valorizándolos y reutilizándolos en el cultivo del plátano o en otros, pero nunca contribuyendo a llenar la limitada capacidad de almacenamiento del polígono ambiental de Los Morenos, y menos aún contaminando nuestro medio ambiente y alterando el paisaje”. Hernández recuerda en la misiva que en La Palma “existen alternativas e infraestructuras privadas ‘hechas’ (al menos en la comarca Norte) capaces de asumir y valorizar ese residuo, las mismas que en estos momentos se encuentran con serios problemas económicos debido a la ilegalidad que cometen algunos almacenes de plátanos”.
Hernández solicita en la citada carta “la inmediata intervención” de las autoridades competentes para corregir “este agravio que se le está haciendo a nuestra Isla y a las personas que, confiando en un Estado de derecho que hace cumplir la Ley, hemos invertido en una iniciativa que ahora se ve en peligro de desaparecer”.
