Bravo reconoce el “menoscabo” del CGPJ tras la polémica sobre Carlos Dívar
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha reconocido este viernes el “menoscabo” que han sufrido tanto el órgano de gobierno de los jueces como la imagen de la Justicia, como consecuencia de la polémica suscitada por los viajes a Marbella (Málaga) del presidente del Tribunal Supremo (TS) y del CGPJ, Carlos Dívar.
“Creo que la cuestión no es si el asunto está o no cerrado, sino apostar por el futuro, trabajar más que nunca para recobrar esa falta de credibilidad y recuperarnos un poco porque somos consientes del menoscabo que no solamente la institución sino la propia imagen de la Justicia ha sufrido como consecuencia de todos estos acontecimientos”, ha declarado Bravo en una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press.
En este sentido, ha explicado que el CGPJ es consciente “de que se ha asentado un clima de sospecha generalizado” sobre la institución que, a su juicio, “no está justificado”. “No podemos asumir el estar asentados en esa duda generalizada de que ahora cualquier acción que realicemos está todo bajo sospecha”, ha afirmado, al tiempo que ha indicado que para recuperar la credibilidad y la confianza es “preciso cambiar o actualizar las normas”.
Así, preguntada sobre si no cree que sería más saludable que Dívar asumiera alguna responsabilidad, ha contestado que, en su opinión, “él entendió ayer que era su momento” por lo que compareció ante la opinión pública. “A partir de ese momento, creo que todo es muy subjetivo. Habrá sectores que entiendan que estas explicaciones no son suficientes, otros que consideran que con ellas se dan por satisfechos y que esa duda generalizada que se ha instalado desaparece”, ha recalcado.
“La apreciación de que algunas cosas quedaron en el aire, yo la respeto, pero creo que corresponde al presidente no a mí valorar si son o no suficientes”, ha destacado. Sin embargo, para Bravo sí lo fueron y así lo manifestó en su día en el Pleno extraordinario.
“LEALTAD INSTITUCIONAL”
Sobre si Dívar debería comparecer en el Congreso, ha recalcado que es una decisión que “tiene que valorar el presidente” y ha señalado que él “anualmente comparece para dar cuenta de la actividad” y que la relación siempre ha sido de “lealtad institucional” y de “colaboración”.
Además, ha recordado que “ayer en el Pleno ordinario un número importante de vocales, al finalizar, le transmitieron al presidente su satisfacción, en primer lugar por la decisión adoptada de comparecer ante los medios de comunicación, de contestar a las preguntas y por las explicaciones añadidas que había dado en el Pleno”.
Por otra parte, sobre la posible dimisión de Dívar ha puntualizado que “en el Peno extraordinario la dimisión la pidieron 5 vocales y otros 7 reprobaron la conducta del denunciante”. “El resto, podemos decir que 16 vocales, entendieron que no procedía la dimisión del presidente. Esta decisión se toma desde la responsabilidad y desde la valoración de lo sucedido”, ha aseverado.
En cuanto al clima que se respira en el seno del Consejo, la portavoz del CGPJ ha opinado que el hecho de que ayer fueran “capaces” de aprobar “dos acuerdos importantísimos”, el primero de ellos “por una amplísima mayoría” y el segundo “por unanimidad”, es un “reflejo importante de que por encima de las diferencias” está su “responsabilidad”.
“DESGASTE CASI IRRECUPERABLE”
En otro orden de cosas, Bravo se ha vuelto a mostrar contraria a la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo porque, a su juicio, que el Legislativo les nombre es lo que les “da legitimidad democrática fuera de toda duda”. “No creo que se vaya a mejorar el sistema cambiándolo”, ha remachado, al tiempo que ha criticado que el hecho de que los responsables políticos tarden en renovar las instituciones es lo que “produce un desgaste casi irrecuperable”.
Para Bravo, el nuevo mapa judicial presentado por el CGPJ era “necesario” porque el actual sistema está “agotado, obsoleto y es ineficaz”. Finalmente, ha hecho hincapié en que algunas de las tasas judiciales que el Ministerio de Justicia quiere introducir “tienen un efecto disuasorio” que “podría constituir un grave obstáculo para el ejercicio de la tutela judicial efectiva”.
