Las estafas inmobiliarias, a debate en el Parlamento
El Gobierno de Canarias, y concretamente la Dirección General de Comercio, no es competente para sancionar y reponer estafas inmobiliarias. Así lo ha confesado la consejera de Empleo, Francisca Luengo, en el Parlamento al responder a al adquirir viviendas en construcción que luego no se concluyen una pregunta ciudadana que fue asumida por el diputado socialista Ignacio Álvaro Lavandera.
Según Lavandera, “los derechos de un consumidor a la compra de una vivienda no deben ser pisoteados por bancos y empresas sin escrúpulos” y, por ello, los poderes públicos deben asumir “la protección de los ciudadanos de sus legítimos derechos como consumidores”.
“No podemos esperar a que la Justicia dicte sentencias por estafa inmobiliaria, que haya empresas que abusen de los derechos de los consumidores”, insistió el diputado socialista.
Sin embargo, Luengo dijo que “hay dudas de si la Dirección General de Comercio tiene competencias en esta materia”, aunque para evitar este tipo de abusos, “está fomentando el sistema arbitral de Consumo”.
Con todo, afirmó que desde el Ejecutivo se está poniendo en marcha una “competencia transversal y horizontal” para ofrecer “información y asesoramiento y mediar con las empresas reclamadas”.
“Si hay incumplimiento interviene la Inspección y la sanción”, dijo Luengo, pero no la posibilidad de que se obligue a reponer el dinero supuestamente estafado.
