IU aboga por incluir a la Casa Real y al Banco de España en la Ley de Transparencia
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
Izquierda Unida cree que para mejorar la gestión del gasto público es imprescindible llevar a cabo una reforma de la Ley de Transparencia, que pase por la incluir de la Casa Real y el Banco de España en su ámbito de asimilación y la equipare más a la legislación europea al respecto.
Así lo ponen de manifiesto en el documento económico, al que ha tenido acceso Europa Press, que la coalición tiene previsto votar este sábado en su Consejo Político Federal para ser después remitido a la X Asamblea General que tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de diciembre.
Según Izquierda Unida, frente a las “políticas de austeridad y recortes”, es posible desarrollar un “modelo alternativo de gestión del gasto público” que incluya, entre otras cosas, la reforma de la Ley de Transparencia, cuyo proyecto de ley fue admitido a trámite por la Mesa del Congreso el pasado martes y ante el cual IU tiene previsto presentar una enmienda a la totalidad, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
El Gobierno decidió dejar fuera del margen de aplicación de esta norma a la Casa Real por no ser una administración pública. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló que la normativa internacional prevé que las monarquías “no estén sujetas a este régimen”.
En el citado documento, que lleva por título 'La alternativa económica de IU frente a la crisis“, la coalición de izquierdas también defiende la necesidad de poner en marcha ”un nuevo modelo de relaciones laborales que sitúe el contrato indefinido como la norma, elimine la precariedad laboral y la desigualdad entre hombres y mujeres“.
Asimismo, aboga por derogar las “reformas laborales aprobadas por PSOE y PP, estableciéndose medidas de subida del salario y las pensiones mínimas y de reparto del trabajo”, fijando jornadas laborales de 35 horas, y recuperando la “jubilación con derechos plenos a los 65 años y voluntaria a los 60”.
En este apartado, también proponen “eliminar la figura del becario”, recuperar “el principio de causalidad en toda contratación que no sea indefinida” y la “supresión” de las ETT y de las Agencias de Colocación con ánimo de lucro“.
