La juez cree que se cometieron delitos contra el Estado
La juez de Instrucción número 8 de Madrid considera que “existen motivos bastantes” para estimar que los detenidos durante los incidentes registrados el pasado martes en las inmediaciones del Congreso cometieron un delito contra las Instituciones del Estado en el auto en el que, a pesar de esta consideración, deja en libertad a 34 de los 35 detenidos.
“En el presente caso, si bien existen motivos bastantes para estimar responsable del delito de atentado, resistencia y delito contra las instituciones del Estado a los detenidos, procede decretar su libertad provisional sin fianza”, señala el auto recogido por Europa Press en el único apartado que figura en los fundamentos jurídicos.
En torno a las 22.30 horas, el Gabinete de Prensa del Tribunal de Justicia de Madrid emitió una nota en la que informaba de la liberación de todos los detenidos y donde aseguraba que tan solo se les imputaban los delitos de atentado y/o desórdenes públicos, según el caso, pero obviaba la alusión que la magistrada hace en el auto del delito contra las Instituciones del Estado.
Cada uno de ellos se enfrenta a la imputación de la supuesta comisión de los delitos de atentado y/o desórdenes públicos, según el caso, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en un comunicado.
La magistrada ha acordado la prisión provisional, eludible bajo fianza de 1.000 euros, de un detenido más en relación con estos hechos y sobre el cual recae una imputación de la supuesta comisión de dos delitos de atentados y de desórdenes públicos.
El imputado menor de edad está a cargo de la Fiscalía de Menores, según está regulado en la Ley de Responsabilidad Penal de Menor.
Este jueves, el juez central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional rechazó tomar declaración a los detenidos después de recibir un informe de la propia Policía en el que tan solo se acusaba a los arrestados de los delitos de atentado, lesiones, resistencia a la autoridad, desobediencia y desórdenes públicos.
Dado que la Policía tampoco contemplaba el delito contra las instituciones del Estado, el juez respondió a las Fuerzas de Seguridad que esta causa no era de su competencia, razón por la que los detenidos fueron trasladados a los juzgados de Plaza de Castilla.