El juez suspende la causa contra el dueño de Disa

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso de apelación presentado por la defensa del presidente de la cervecera Damm y dueño de la la distribuidora de combustible Disa, Demetrio Carceller Arce, y ha acordado el sobreseimiento libre y archivo de las diligencias por las que el empresario fue imputado el pasado mes de junio por el juez Pablo Ruz por delitos contra la Hacienda Pública. Anticorrupción había presentado escrito de acusación contra él solicitando 14 años de prisión.

Fuentes de la defensa de Carceller y de la de su padre, Demetrio Carceller Coll, para quien se piden 48 años y seis meses de cárcel también por fraude fiscal, han señalado a Europa Press que en otro auto de fecha 26 de diciembre la misma Sala dictamina que se han vulnerado los derechos de este último, hurtándole la posibilidad de presentar con tiempo suficiente un informe pericial de parte para que pudiera contrarrestar los hechos que se le imputan.

En este sentido, la Audiencia Nacional revoca el auto de procedimiento abreviado dictado por el juez Pablo Ruz contra Carceller Coll y fija en dos meses el plazo para la práctica de la citada pericia. Al retrotraer las actuaciones para la práctica de dicha prueba quedan sin efecto los escritos de acusación, el auto de apertura de juicio oral y la exigencia de fianza, si bien el empresario continúa imputado en el procedimiento.

El pasado 4 de noviembre Ruz impuso al expresidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Coll, y a su hijo y actual presidente, Demetrio Carceller Arce, fianzas de 511,192 millones de euros y 253,653 millones de euros, respectivamente, en concepto de responsabilidad civil y multas por las que podrían ser condenados como responsables de trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales.

Imputación tardía y extraña

En el auto dictado este jueves por los magistrados Alfonso Guevara, María de los Ángeles Barreiro y Guillermo Ruiz-Polanco, del que ha sido ponente este último, la Sala estima los argumentos del abogado José Antonio Choclán y señala que “produce cierta extrañeza” que aunque las actuaciones se iniciaran por Ruz en junio de 2009 Carceller Arce no fuera imputado hasta el pasado mes de junio.

“Tras el examen de lo actuado, resulta cierto de toda certeza que los datos consignados como inculpatorios tomados en consideración en dicho auto -6 de junio de este año- preexistían con notable anterioridad al mismo, sin que (...) se añadan otros datos novedosos (...) como resultado de ulterior investigación que permitieran la también novedosa imputación”, señala el auto, al que ha tenido acceso Europa Press.

Añade la resolución de la Sala que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 “se limitó a asumir la solicitud del Ministerio Fiscal sin sumar a sus alegaciones consideración alguna autónoma, de cosecha propia, seguramente por estimar (...) que ya se concretará la imputación y que es mejor dejar las cosas para el plenario (...)”.

La Fiscalía atribuía a Carceller Arce un delito de cooperación necesaria en delitos contra Hacienda por supuestamente contribuir a la ocultación de las inversiones inmobiliarias de su padre en Arizona (EE.UU.), mediante la gestión de estructuras necesarias para ocultar todas las rentas generadas.

Su defensa negaba este extremo y sus argumentos son acogidos ahora por la Sala, llamando la atención sobre el hecho de que por dichas actividades viniera siendo imputado, desde el inicio del procedimiento hace cuatro años y hasta el pasado junio el empresario Javier Ribas, cuya implicación fue revocada precisamente en el mismo auto en el que se incluyó la del presidente de Damm.

En su recurso de la apelación, la defensa incidía en que “sin duda habrá pesado en aquella decisión la circunstancia de que el señor Ribas es hijo de doña Manuela Vila Adroher, que ha presentado declaraciones complementarias y regularizado su situación tributaria” con Hacienda.

Según los documentos a los que ha tenido acceso Europa Press, la madre de Ribas abonó tras la imputación de su hijo en 2010 5.245.080,75 euros tras presentar declaración complementaria por el IRPF entre 2005 y 2009 y el Impuesto de Patrimonio entre 2005 y 2007.

La Sala no dice nada sobre estos extremos, si bien subraya que tras el examen de las pruebas “no aparece acreditado -ni mencionado- dato alguno que se refiera al concreto modo operativo defraudador del recurrente (...) a quien ha de atribuirse meramente la actividad dirigida a supervisar, controlar las inversiones de su padre y a recibir información sobre las mismas” por parte de Ribas y las responsables norteamericanas de la inmobiliaria, señoras Morrinson y Gunvaldson.

Por todo ello, la Sala concluye en la “inexistencia de datos acreditados que apunten a la ejecución por el recurrente de actos de cooperación necesaria causalmente relevante, a una defraudación de naturaleza penal atribuida a otros”, de modo que rechaza las imputaciones y declara el sobreseimiento libre de las diligencias abiertas al presidente de la cervecera.

Situación del expresidente

Respecto de Carceller Coll, padre del presidente de Damm, la Sala recuerda en su auto el contenido de una resolución anterior dictado el pasado 26 de diciembre estimando parcialmente las alegaciones de éste y fija en dos meses el plazo de la prueba pericial que solicita presentar esta parte.

Considera que “le fue dificultado el acceso a una diligencia esencial cual es la atinente al contraste de un informe elaborado por funcionarios (...) con otro informe pericial a instancia del ahora recurrente”, una diligencia que contó con el visto bueno de Ruz, si bien se le dio un plzo “ciertamente exiguo en términos absolutos y relativos”.

Carceller Arce es presidente de Cerveceros de Europa y desde hace 17 gestiona directamente diversas empresas con más de 6.000 empleados y una facturación superior a 4.000 millones de euros, además de estar presente en tres consejos de administración de empresas del Ibex 35, en dos de ellas -Ebro y Sacyr- en calidad de Vicepresidente.

La Fiscalía hizo público en octubre su escrito de acusación por esta causa, en el que solicita la apertura de juicio oral contra los Carceller y dos personas más y se señala una responsabilidad civil de más de 72 millones de euros por fraudes a la Hacienda Pública Estatal y a la de la Comunidad Autónoma de Madrid.

A esta responsabilidad deberían responder solidariamente según la Fiscalía, los cuatro acusados, que además de los ya señalados son José Luis Serrano Florez, hombre de confianza de Carceller Coll, y el asesor Gabriel Ignacio Petrus Labayen.

El escrito de Anticorrupción detallaba que Carceller Coll se ha dedicado a ocultar sus rentas y patrimonio a Hacienda “cuando menos, desde el año 1990”, simulando residir en Portugal y Reino Unido “con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España”.

Así, el expresidente de la cervecera habría ocultado, según Anticorrupción, ser el propietario real de importantes paquetes accionariales de entidades radicadas y cuyo núcleo principal de actividad se desarrolla en España para lo cual contó con la participación del resto de implicados.