La Junta andaluza pide derivar a lo Contencioso el ERE de 2007
SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de lo Social número ocho ha celebrado este viernes la vista oral de la demanda promovida por el grueso de los prejubilados del expediente de regulación de empleo (ERE) acordado en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, ante la negativa de la Junta a financiar sus rentas. Los principales testigos han sido el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, imputado en las tres líneas de investigación penal que pesan sobre la empresa, y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, quien ha declarado a través de una videoconferencia al permanecer en prisión por orden de la juez Mercedes Alaya.
Este juicio, como se ha informado, fue inicialmente señalado para el 23 de noviembre de 2011, pero aquel día fue aplazado al 23 de mayo y entonces fue pospuesto hasta este viernes. La Junta, no obstante, había pedido una nueva suspensión de la vista oral dada la revisión de oficio emprendida por la Consejería de Empleo sobre los compromisos firmados por Francisco Javier Guerrero para las pólizas de seguro de rentas asociadas a este ERE, un procedimiento mediante el cual la Consejería espera declarar nulos tales actos.
MELLET Y GUERRERO, LOS PRINCIPALES TESTIGOS
El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), ha informado a Europa Press, al término de la vista oral, de que las principales pruebas testificales han sido los testimonios de Fernando Mellet y de Francisco Javier Guerrero, quien como ha sido ya señalado, ha prestado declaración a través de una videoconferencia al estar en prisión provisional por orden de la juez Mercedes Alaya. Y es que Guerrero es uno de los principales imputados en la investigación relativa a la posible administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, de la que se habrían nutrido decenas de prejubilaciones ilegales también investigadas.
Ha testificado también José Antonio Mateos, director de la división de Vida y Accidentes Colectivos del Grupo Generali, con el que fueron contratadas las pólizas de seguro de rentas de las prejubilaciones de este expediente de regulación de empleo. El propio Domínguez estaba llamado a testificar en el juicio, si bien finalmente su comparecencia no ha sido requerida.
LA JUNTA PREFIERE LO CONTENCIOSO
Rafael Domínguez, así, ha explicado que durante la vista oral, la representación jurídica de la Junta de Andalucía habría defendido la tesis de que correspondería a los juzgados de lo Contencioso Administrativo y no a los de lo Social dirimir el asunto a cuenta de la naturaleza del conflicto, reclamando así un traslado del asunto a la primera de estas jurisdicciones. Francisco Javier Guerrero, según Rafael Domínguez, habría defendido el expediente de regulación de empleo de 2007 como una “continuidad” del ERE promovido en 2003 por Mercasevilla, un procedimiento cuyas prejubilaciones sí fueron financiadas por la Consejería de Empleo.
“Se ha demostrado, tanto en las pruebas documentales como en las testificales, que había compromisos de pago y de financiación y nadie ha cuestionado la legalidad del ERE”, ha manifestado Rafael Domínguez, quien ha explicado que los abogados de las uniones provinciales de CCOO y UGT han expuesto que la Administración autonómica financia a todos los efectos las rentas de las prejubilaciones asociadas a expedientes de regulación de empleo “tramitados del mismo modo y con la misma documentación” que el ERE acordado en 2007 por Mercasevilla. Finalizada la vista oral, las partes cuentan con un plazo de diez días para entregar sus conclusiones.
LOS “COMPROMISOS” DEL ERE DE 2007
Mediante esta demanda, el colectivo de prejubilados del expediente de regulación de empleo de 2007 reclama los “compromisos” de pago de dicho procedimiento, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros. Esta demanda, como se ha informado, fue firmada por 34 de los 40 prejubilados del expediente de regulación de empleo de 2007 y carga contra la propia sociedad gestora del mercado central de abastos, el Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa como máximos accionistas de la empresa, la Consejería de Empleo, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la división aseguradora del Banco Vitalicio --actualmente 'Generali'-- y la consultora 'Vitalia Vida'.
En concreto, el expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus rentas quedaron en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento actualmente sometido a investigación, en el marco de las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis a cuenta de la anterior gestión de la sociedad mixta Mercasevilla y la trama de prejubilaciones fraudulentas investigada en Andalucía.
LOS DOCUMENTOS DE GUERRERO
Y es que aunque el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero había firmado entre 2007 y 2008 varios documentos mostrando la “conformidad” de su departamento en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de los trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el posterior director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Rivera resolvió que estos actos fueron “meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio”. El Gobierno andaluz, en ese sentido, defiende que sobre la Junta de Andalucía no pesan compromisos de financiación sobre estas prejubilaciones en cuestión.
Como se recordará, en este expediente de regulación de empleo fue prejubilado el exmiembro de la ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, quien jamás ha formado parte de la plantilla del mercado central de abastos y quien fue detenido en el marco de las actuaciones dirigidas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla.
