Madrid estudiará la legalidad del decreto
El Gobierno estudiará el “encaje legal” del decreto de la Junta de Andalucía que permite expropiar temporalmente viviendas que estén sometidas a procesos de desahucio, cuya constitucionalidad ha defendido el presidente andaluz, José Antonio Griñán.
Según informa EFE, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado que se analizarán los “hipotéticos efectos” del decreto ley y ha defendido que “la respuesta tiene que ser para la totalidad de los ciudadanos españoles, al margen de la comunidad autónoma en la que vivan”.
“No creemos que deba ser un problema cuya solución pueda ser sectorializada en sus respuestas por carácter territorial desde solamente las comunidades que quieran abordarlo”, ha dicho Ruiz-Gallardón en los pasillos del Congreso.
El decreto ley, aprobado ayer en por la Junta en Consejo de Gobierno, ha generado una gran controversia entre los sectores económicos y políticos, en especial por la posibilidad de expropiar temporalmente el uso de viviendas inmersas en procedimientos de desahucio y las sanciones de hasta 9.000 euros a bancos e inmobiliarias que no alquilen las casas vacías.
El presidente andaluz, José Antonio Griñán, ha dicho que su Gobierno tiene la “tranquilidad” de que el decreto de vivienda es “plenamente constitucional” porque así lo avalan los estudios de los servicios jurídicos y ha anunciado más medidas contra la exclusión.
“Este es un primer paso y no será el último” porque hay muchas personas que además de estar en paro tienen un alto nivel de endeudamiento, ha dicho Griñán, que ha incidido en que esas situaciones son una “nueva forma de marginación social” que “entre todos” se tiene que afrontar.
Reacciones políticas
El PSOE ha defendido la medida de la Junta y su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que la Junta ha demostrado que se pueden hacer “muchas más cosas” de las que está haciendo el Gobierno.
Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, ha recordado que fue el PSOE quien “defendió el desahucio exprés” cuando gobernaba y que ahora hace “demagogia” con este asunto, y ha calificado de “populismo” la posibilidad de que la Junta de Andalucía pueda hacer expropiaciones temporales.
El PP andaluz se ha mostrado en la misma línea y su líder, Juan Ignacio Zoido, ha dicho que el decreto “no supone una aportación real en absoluto” porque se ha querido “buscar un titular”, y que se trata de una “imposición de IU” en el Gobierno bipartito.
En ese sentido, la federación de izquierdas ha afirmado que si el Gobierno recurre ante el Tribunal Constitucional el decreto se estará poniendo “del lado de los culpables” y oponiéndose a “cientos de miles de ciudadanos”.
El portavoz del grupo parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, ha mostrado su confianza en que no sea recurrido puesto que “no es ningún ardid político para confrontar con ninguna otra fuerza política”, sino una norma “al servicio del interés general”, así como una “necesidad perentoria” para los ciudadanos.
En otras comunidades también han reaccionado a la norma andaluza y el presidente de la de Madrid, Ignacio González, ha dicho que está en contra de toda medida que ponga en cuestión la defensa de la propiedad privada.
El portavoz de CiU en el Congreso, Pere Macias, ha manifestado sus dudas de que la Junta llegue a aplicar el decreto y el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, ha asegurado que está dispuesto a estudiar si también lo aprueba.
Al margen de los partidos políticos, la patronal de la economía social CEPES-Andalucía ha calificado de “valiente” el decreto y ha valorado que se refuerce la lucha contra los desahucios hipotecarios, que se cree un nuevo régimen sancionador y que se establezca la expropiación temporal para los casos más graves.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en palabras de su portavoz, Gabriela Bravo, considera que “todas las iniciativas” que las comunidades autónomas adopten para frenar los desahucios, legalmente y dentro de su marco competencial, son “positivas”.
