El PSOE propone una Oficina Anticorrupción
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha propuesto este domingo la prohibición de donaciones de empresas a los partidos políticos y que la Audiencia Nacional juzgue los delitos relacionados con la corrupción política.
El secretario general del PSOE ha hecho estas propuestas durante su discurso de clausura del VII Congreso del Partido de los Socialistas de Euskadi, celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao, donde ha planteado un conjunto de medidas “que ataquen el fenómeno de la corrupción tanto para impedir que ocurra como para asegurar su sanción ejemplar y rápida”.
Rubalcaba ha instado a la creación de una Oficina Anticorrupción que vigile el comportamiento de los responsables públicos y de los funcionarios públicos de ministerios, organismos y empresas públicas, con competencias también en el ámbito de las corporaciones locales.
Además, el líder socialista contempla la posibilidad de que las empresas que aparezcan implicadas en un supuesto caso de corrupción política sean inhabilitadas para contratar con cualquier administración, organismo o empresa públicos por el tiempo que dure la condena de los responsables.
“La corrupción hay que prevenirla, cuando un responsable público tiene que ir a los juzgados, la cosa está muy mal, hay que poner más controles y que la gente que quiera corromperse tenga miedo. Que sepa que si hace algo malo, le pueden pillar”, ha expresado.
En este sentido, ha apuntado que “hay que hacer las cosas que hacen ”por ahí fuera, una oficina antifraude con un conjunto de inspectores que puedan entrar en un despacho y decir “vengo a ver qué hace usted de la mañana a la noche”. “Se llama Unidad de Asuntos Internos, un conjunto de personas del máximo nivel, inspectores que puedan ir a las administraciones a ver qué hace cada unos de los que están allí, para que sepa, los 'hombres de negro' de la administración pública”, ha explicado.
A estas medidas para avanzar en la lucha contra al corrupción, ha anunciado que el PSOE seguirá proponiendo otras, porque “la corrupción más la crisis, tiene que tener una respuesta desde la izquierda, porque es letal para la democracia”, ha destacado.
Documento
En un documento facilitado por el PSOE sobre este tema, se detalla su propuesta de creación de una Oficina Anticorrupción en el seno de la Administración del Estado, que vigile el comportamiento de los responsables públicos y de los funcionarios públicos que participan en la gestión económica y contractual de los Ministerios, Organismos y Empresas Públicas. Sus competencias se extenderán, también, al ámbito de las corporaciones locales.
Además, recoge que las empresas que aparezcan implicadas en un supuesto de corrupción política, serán inhabilitadas para contratar con cualquier Administración pública, con cualquier organismo público y con cualquier empresa pública por el tiempo que dure la condena de los responsables.
También se insta a atribuir a la Audiencia Nacional el conocimiento y enjuiciamiento de todos los delitos relacionados con la corrupción política (prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencia, fraudes y exacciones ilegales y los delitos urbanísticos) cometidos con participación de cargos o representantes públicos en cualquier punto del territorio nacional. Asimismo, se pide la prohibición de donaciones a los partidos políticos por parte de personas jurídicas.
Otra propuesta es la creación inmediata de una Oficina Anticorrupción con capacidad de actuación directa en todo el ámbito del sector público del Estado y en el ámbito de las Administraciones Locales. Ésta tendrá competencia para revisar las actuaciones y procedimientos seguidos en los asuntos con alcance directa o indirectamente económico, así como para incoar la exigencia de responsabilidades que puedan derivarse de ellos.
Autonomía funcional
Según la propuesta socialista, esta Oficina gozará de autonomía funcional, llevará a cabo sus actividades de acuerdo con un plan anual que incluirá actuaciones programadas, aleatorias y derivadas de denuncia, dispondrá del número de efectivos cualificados necesario para el desempeño de sus funciones, podrá relacionarse directamente con la Fiscalía, con la AEAT y con la Oficina de Conflicto e Intereses; y dependerá directamente de la Vicepresidencia del Gobierno. La Oficina actuará en las Comunidades Autónomas tras la firma de los correspondientes acuerdos de colaboración.
Por otro lado, contempla que las empresas que aparezcan implicadas en un supuesto de corrupción política, sean inhabilitadas para contratar con cualquier Administración pública, con cualquier organismo público y con cualquier empresa pública por el tiempo que dure la condena de los responsables.
Se trata de una medida destinada a desalentar a las empresas tentadas de estos comportamientos ante el riesgo de que se vean expulsadas del ámbito de las contrataciones públicas en todo el territorio nacional y respecto de todas las Administraciones: General del Estado, Autonómicas y Locales.
Respecto a la atribución a la Audiencia Nacional del conocimiento y enjuiciamiento de todos los delitos relacionados con la corrupción política cometidos con participación de cargos o representantes públicos en cualquier punto del territorio nacional, destaca que ésta se ha especializado en la instrucción y juicio de delitos de alto contenido económico y goza de una “justificada fama de independencia y libertad de actuación”. Esto permite, también, el establecimiento de doctrina unánime con la que enjuiciar todos los casos que se resuelvan ante ella.
Por último, aboga por la prohibición de donaciones por parte de personas jurídicas a los partidos políticos, ya que ésta “eliminaría las sospechas de connivencia y dejaría, negro sobre blanco, los ingresos de los partidos a los que deberán someter sus gastos y, por ello, permitirá deducir que todo gasto que exceda de la financiación pública o individual acreditadas responde a financiación ilegal”.
