Rajoy prepara despidos en el sector público
El próximo recorte apunta directamente al empleo en las administraciones públicas. Este martes ha trascendido que el Gobierno de España ha dejado abierta la posibilidad de ejecutar despidos de carácter colectivo en el sector público por motivos económicos, como ya sucede en la empresa privada desde la reforma laboral de febrero pasado.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha remitido a los sindicatos el borrador de un nuevo reglamento que desarrolla la reforma laboral en vigor, y en ella se incluye la insuficiencia presupuestaria como motivo justificado para reducir personal laboral en las administraciones públicas.
Con solo disminuir un 10% las aportaciones que reciba esa administración concreta con respecto al ejercicio anterior, se podrá aplicar la reducción de empleos entre el personal laboral, también en torno a un 10% en cada departamento afectado por esa disminución de ingresos vía transferencias estatales, subvenciones o ingresos propios.
El borrador ha suscitado ya grandes controversias, y en concreto desde el Gobierno de Canarias, la consejera de Empleo, Industria y Comercio, Margarita Ramos, ha asegurado que el Ejecutivo regional se opone “frontalmente” a la política estatal de “destruir empleo público”. “La política que viene desarrollando el Gobierno de Rajoy se centra en adoptar medidas que sólo incrementan la tasa de desempleo, lo cual es, a todas luces, una medida errónea”, ha defendido Ramos.
Ha apuntado que la propuesta del Gobierno de Rajoy de reducir personal público, cuyo periodo de alegación terminó este martes, es “desmesurada” y se desarrolla sobre criterios que no tienen en cuenta la realidad de servicios públicos de calidad que no siempre han de contar con beneficios. Ramos no entiende “esa insistencia por parte del Estado en destruir empleo público”.
La titular autonómica de Empleo recordó que desde que se aprobó la Reforma Laboral, y a pesar de un ligero crecimiento en la tasa del empleo en los dos últimos meses, se ha iniciado “un continuo y constante incremento de los despidos dentro del sector privado que también han salpicado a organismos, administraciones y entes públicos”.
La consejera ha insistido que existen estudios de distintas organizaciones que avalan la necesidad de garantizar la pervivencia de la administración como garante de la protección y el Estado social. “Muchas de estas medidas son desmesuradas y tendrán consecuencias inmediatas, pero también a largo plazo”, concluyó.
