El juez Ruz retira el pasaporte a 'Billy el niño'
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dictado este jueves la libertad provisional para Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas mientras se resuelve la petición de extradición de Argentina. Ruz les ha impuesto como medidas cautelares la comparecencia semanal en el juzgado más cercano a su domicilio, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España, informaron fuentes jurídicas.
Ambos han salido de la Audiencia Nacional cubriendo su rostro antes de abandonar la calle Prim en sendos vehículos, del mismo modelo, que han acudido a recogerlos. Pacheco y Muñecas han tenido que ofrecer al juzgado su dirección y un teléfono donde estar permanentemente localizados. Ruz ha tomado esta decisión a petición del fiscal Pedro Martínez Torrijos
Muñecas ha aprovechado para leer un escrito defendiendo su no participación en los hechos de torturas que se le imputan. Los abogados de ambos acusados han esgrimido la Ley de Amnistía para rechazar la extradición de sus defendidos.
Por su parte, Ruz ha trasladado a los acusados que los hechos por los que le reclama Argentina -13 casos de tortura en el caso de Pacheco y uno en el de Muñecas- y les ha advertido que se arriesgan a su detención si incumplen las medidas cautelares. Estas medidas han sido adoptadas precisamente para “impedir el eventual riesgo de fuga y garantizar el control del reclamado en el presente proceso de extradición, en aras de asegurar de asegurar la efectividad del principio de cooperación judicial”, según recoge el auto del juez.
Ahora, será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el tribunal encargado de decidir sobre la extradición. Si la aceptara, el Gobierno tiene capacidad para no ejecutarla.
El magistrado Pablo Ruz ha decidido retirar los pasaportes a los presuntos torturadores del franquismo que reclama la justicia argentina. Con su decisión el magistrado impide una posible fuga durante el proceso en el que la Audiencia Nacional habrá de decidir sobre una posible extradición. Ruz descarta así ordenar la detención que los dos acusados por la jueza Servini pero abre la vía a la posibilidad de iniciar el proceso de entrega. Los dos acusados han salido de la Audiencia Nacional con la cara tapada para evitar ser reconocidos.
A pesar de que estaban citados a las 10 de la mañana, el antiguo inspector de la Brigada Político-Social Juan Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', y el excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas han llegado a la Audiencia Nacional a las 8:20, más de una hora y media antes de la que estaban convocados por el juez Pablo Ruz para comunicarles que sobre ellos pesa una orden de busca y captura internacional por torturas cometidas en los estertores del franquismo. El magistrado les preguntará si aceptan ser extraditados a Argentina y decidirá si deben seguir libres o los envía a prisión provisional mientras resuelve la Sala de lo Penal.
Poco después de las 9 la Policía ha ordenado a unos cuantos manifestantes -que ni portaban banderas, ni pancartas ni proferían gritos- abandonar la zona donde se ubican los medios de comunicación a las puertas de la Audiencia en la calle Prim. Esto ha provocado algunos momentos de tensión. El Cuerpo Nacional de Policía ha desplegado un importante dispositivo con motivo de las declaraciones de Billy el Niño y Muñecas, poco habitual incluso para otras citaciones de relevancia mediática.
Medio centenar de manifestantes se han tenido que congregar a 100 metros del edificio para gritar “torturadores, extradicion”, “fosas cerradas, heridas abiertas” o “Enrique Ruano no te olvidamos”, en referencia al joven militante asesinado por la policía franquista. Las declaraciones de los exaltos cargos de la dictadura ha provocado una importante presencia de medios extranjeros.
Además de informar a los acusados de torturas de la solicitud de extradición a Argentina, Ruz ha pedido el criterio de la Fiscalía, que ya se pronunció en contra de la detención y de su entrega cuando llegó a España la orden de arresto. Los nombres de Pacheco y Muñecas integraban una lista junto a Celso Galván y José Ignacio Giralte, estos dos últimos ya fallecidos, que redactó la jueza de Buenos Aires María de Servini. El juzgado de Servini investiga la denuncia de un grupo de represaliados del franquismo, que una y otra vez habían chocado en España con el rechazo de los tribunales a investigar hechos anteriores a la Ley de Amnistía.
El Ejecutivo podía haber rechazado de plano la entrega de los presuntos torturadores, pero de momento ha optado por que resuelva la Audiencia Nacional. A propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes continuar con el proceso de extradición recogido en la Ley 4/1985 de Extradición Pasiva, un mero trámite si finalmente se acuerda denegar la entrega.
La jueza Servini dictó el pasado 18 de septiembre un auto de 208 páginas en el que se fundamenta la petición de extradición. 'Billy el Niño' y el capitán Muñecas, que participó en el fallido golpe del 23-F, están acusados de infringir torturas y malos tratos a 13 personas. En doce casos, el acusado es Pacheco, mientras que al antiguo guardia civil se le reclama por las torturas presuntamente practicadas contra Andoni Arrizabalada en 1976, cuando estaba destinado en Gipuzkoa.
El proceso de reclamación por parte de Argentina no ha estado exento de polémica. La Policía española evitó practicar la detención en cuanto recibió la orden internacional de Interpol. Como hace en otros casos que le presentan dudas sobre que la entrega se vaya a realizar ?entre otros, cuando los reclamados tienen nacionalidad española- preguntó a la Audiencia Nacional. Allí, la orden d urmió en un cajón de la Fiscalía al menos 48 horas hasta que terminó el turno de guardia del juez Fernando Andreu, con amplía experiencia en perseguir crímenes contra la humanidad desde su juzgado central de instrucción número 4.
Cuando Fiscalía informó en contra de la detención y entrega, ya había entrado de guardia el juez Ruz. El Ministerio Público alegó que la orden de detención incluía delitos que no aparecen en el Código Penal español, que los hechos no estaban suficientemente descritos y, sobre todo, que la Ley de Amnistía impedía perseguir a los reclamados. Recientemente, el juzgado de Servini remitió a España una fundamentada petición de extradición, sobre la que hoy el Ministerio Público se tendrá que volver a pronunciar.
