Sanidad y las comunidades autónomas fijan en 423 los fármacos desfinanciados
Andalucía y País Vasco piden un plazo para analizar los efectos del 'medicamentazo'
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y las comunidades autónomas han fijado en 423 los medicamentos para síntomas leves que dejarán de ser financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS), una medida para la que Andalucía y País Vasco han solicitado un tiempo para que expertos analicen los posibles ahorros e inconvenientes que pueda causar la medida.
Así lo ha anunciado la consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, a su salida del Consejo Interterritorial del SNS, que se celebra este miércoles en Madrid. La responsable andaluza ha criticado que el Ministerio no haya ofrecido el listado completo de todas las presentaciones de medicamentos afectadas sino únicamente los grupos terapéuticos que abarcan.
El Ministerio prevé que la desfinanciación suponga un ahorro de 440 millones de euros para el conjunto del sistema aunque Montero ha advertido que dejar de financiar estos medicamentos y el posible ahorro puede “volverse en su contra” ya que se generarían costes asociados.
La consejera andaluza también ha indicado que hasta su salida de la reunión no se había abordado un plazo para la entrada en vigor de la medida aunque ha apuntado que el Ministerio tiene intención de que “se haga en breve”. Asimismo, ha negado que los medicamentos desfinanciados sí pudieran costearse en determinadas enfermedades.
Preguntada por si las comunidades autónomas tendrían la posibilidad de asumir la financiación de estos fármacos para sus ciudadanos, Montero ha lamentado que la nueva ley de estabilidad presupuestaria es “limitativa”, con lo que las administraciones regionales están obligadas a cumplir con el objetivo de déficit para poder ofrecer estas prestaciones adicionales.
De hecho, ha señalado que País Vasco estaría en condiciones de poder hacer un esfuerzo adicional y costear el pago de estas medicinas, algo que algunas comunidades consideraban que supondría un acto de “insumisión”.
Precisamente País Vasco y Andalucía han insistido en reclamar que se abra un tiempo de debate con la participación de los profesionales sanitarios y las sociedades científicas ya que “cualquier mecanismo de revisión de medicamentos debería tener como criterio principal el experto, el de los médicos y farmacéuticos”, según la responsable andaluza.
Además, ha pedido que se vigile con detenimiento que después de la desfinanciación los fabricantes de estos medicamentos no puedan subir los precios. “Sanidad tiene que intervenir y evitar que se produzca un incremento de precio al alza”, ha subrayado.
Por último, Montero ha trasladado su preocupación sobre la posibilidad de que se traslade la idea de que los medicamentos afectados son para tratar síntomas menores ya que “todos los síntomas requieren un abordaje terapéutico”.
