Retroactividad propia impropia y extranjera

Mucho antes de que se aprobase recientemente la ley que sentencia sector eólico y renovable ya se preparaba la batalla jurídica, sin parangón en España. Empresas y juristas hilvanaban estrategias judiciales de toda índole y el propio ministerio se armaba de recursos legales para la avalancha de demandas que ya preveían. Los propios despachos jurídicos discrepan en la mejor estrategia jurídica a seguir, en los argumentos a exponer o en las pruebas periciales que se necesitaran para respaldar dichos argumentos.

En lo que todos los despachos jurídicos coinciden es en que existe una retroactividad en el Real Decreto y que dicha retroactividad sí que es recurrible. Y es que se tienen en cuenta ingresos pasados (anteriores a la ley) para el cálculo de retribución futura. ¿Se imaginan que para el cálculo de retenciones de IRPF futuras se tengan en cuenta tus ingresos de 10 o 12 años anteriores y, por supuesto, ya tributados al fisco? Sin entrar en la diferencia entre retroactividad propia e impropia lo cierto que ya el tribunal constitucional rechazó la demanda por retroactividad al sector fotovoltaico, según ellos, por “interés general”. Esta segunda batalla, la eólica, se prevé más cruenta, dura y larga.

Y no han tardado en llegar los primeros anuncios de recursos contra la ley y la orden, HOLTROP, ENEL Green Power, Fundepor, Energyworks y tantos otros que están por llegar, hasta más de mil según algunos medios. También las asociaciones nacionales y regionales presentaran recursos por todo el estado e incluso fuera de él. Ya muchos advierten que la batalla jurídica acabará en tribunales Europeos, y todos están de acuerdo en que el recorrido de los recursos será largo, sobre todo en tiempo, con estimaciones de más de 4 y 5 años de tramitación. Con esta ley y esos plazos, está claro al final de la batalla ya no estarán los mismos contendientes, ni políticamente, ni mercantilmente, donde se prevé un aumento de los concursos de acreedores y, sobre todo, de actividad de los llamados fondos buitres.

Algunas grandes empresas internacionales han reclamado vía arbitraje donde España tristemente lidera el ranking actual, que recordemos nada tiene que ver con el derecho nacional ni europeo, que no se recurren leyes ni ordenes y que tampoco sienta jurisprudencia. Son solo demandas individuales de empresas extranjeras contra el Estado español, o de empresas internacionalizadas o con acuerdos internacionales, es decir, habrá fondos de inversión lejanos y desconocidos, pero también aparecerán empresas internacionales muy conocidas en España que utilicen la vía del arbitraje internacional, fuera del alcance de pymes y empresas meramente nacionales. Si estos arbitrajes tienen recorrido el Estado Español, es decir todos, tendremos que resarcir económicamente a dichas empresas extranjeras y solo a ellas, independientemente de si los recursos presentados en tribunales nacionales avanzan o son rechazados por “interés general”, como así ha sido con la fotovoltaica por el tribunal constitucional.

Afortunadamente el ciudadano ya se ha posicionado claramente a favor de la energía limpia, renovable y participativa. Empieza a desmentirse la corriente de opinión sesgada que tachaba a la energía renovable de cara y cada vez hay más conciencia social sobre las externalidades no reflejadas en los costes de la producción convencional. Ahora ya todos sabemos que la energía renovable abarata costes a corto, a medio y a largo plazo, que el futuro es imposible sin ella y que, como la realidad es muy tozuda, acabará imponiéndose.

Con las particularidades canarias, donde la importación de combustible fósil lastra nuestra competitividad y encarece nuestra energía, las razones para el cambio de modelo, a renovable descentralizado, aquí son elefantiásicas. Así lo reconoce el propio gobierno en el preámbulo y en el ánimo de una nueva prima específica Canaria, aunque en el articulado este ánimo parezca en entredicho dejando fuera de esta prima especifica a las instalaciones que ya están funcionando y ahorrando, que quedaran como en península, a merced de la reciente ley nacional, de la retroactividad, de los concursos de acreedores, de las refinanciaciones y de los fondos buitres.

Desconozco si en países democráticamente avanzados es habitual que un gobierno se tenga que armar legalmente para hacer frente a la multitud de demandas previstas ante la publicación de una ley, estremecedor. También desconozco el ratio habitual de recursos por ley/orden publicada, pero sin duda este batirá records, escalofriante. Los ciudadanos amordazados y cautivos, con un balance neto lejano y utópico. El autoconsumo atemorizado con peajes de respaldo y las pymes renovables al borde de la quiebra, no por mala gestión ni falta de rigor en su modelo de negocio, sino porque hicieron las inversiones pensando en eficiencia y, con la inversión hecha, el gobierno cambia el modelo de retribución a potencia, en vez de producción. ¿Se imaginan que el impuesto de carburantes que pagamos al repostar en una gasolinera, no dependiese de los litros que compremos (eficiencia) sino de la potencia del vehículo y la cantidad de gasolina consumida desde hace 10 años cuando este modelo impositivo ni existía ni se intuía? Quizás, solo quizás, no me hubiese decantado por ese vehículo, ni por esa motorización.

Así, con esa palabra compuesta que según la RAE es “obrar o tener fuerza sobre lo pasado” sorteará el verano el sector, preparando recursos y, sobre todo, analizando retrospectivamente (por seguir retros) las razones de su compromiso renovable, en ellas están los cimientos del futuro y los ciudadanos lo saben. Mientras el BOE se empeña en formular ecuaciones imposibles para remediar el, este sí elefantiásico, déficit de tarifa, cercenando el futuro, la renovable, un grave error sin duda.