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Clavijo, sobre el decreto ley que permite invertir el superávit: "En absoluto nos satisface"

De nuevo, el Gobierno de Canarias exige con insistencia partidas presupuestarias a Madrid sin haber ejecutado la parte del superávit que sí puede gastar

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Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha rechazado este jueves la aprobación del real decreto ley, por parte de la Diputación Permanente, que permite a Canarias, Asturias, Navarra, Galicia y País Vasco invertir el superávit en inversiones financieramente sostenibles hasta 2020.

"En absoluto nos satisface", ha señalado a los periodistas tras una reunión en el Cabildo de Tenerife, apuntando que ese acuerdo ya se había alcanzado con el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

En su opinión, de lo que se trata es de que se pueda invertir el superávit en los servicios, criticando también que la sentencia sobre el convenio de carreteras, cuyo importe no han transferido "y es un mero apunte contable", que impide acometer las infraestructuras que no se ejecutaron por la crisis, se destine a "bajar la deuda".

"Y es más, volvemos a lo de siempre, lo único que estamos obteniendo a todas las cartas y a todas las peticiones es silencio por parte de la Administración del Estado", ha indicado.

Canarias sigue sin invertir su superávit

El Gobierno de Canarias estima que cerró 2018 con 300 millones de superávit aunque no ha explicado por qué no ha invertido esas partidas del año pasado cuando la norma se lo permitía.

De hecho, no es la primera vez que el Gobierno de Canarias exige con insistencia partidas presupuestarias a Madrid sin haber ejecutado la parte del superávit que sí puede invertir. Así ocurrió en 2017, cuando solo gastó el 4% del superávit.

El Gobierno regional reclamó entonces durante meses al central un trato diferenciado por haber cumplido el objetivo de déficit, pero después de lograrlo solo ha fue capaz de gastar en inversiones sostenibles 12,7 millones de los 295 para los que contaba con autorización; el resto lo ha destinado a amortizar deudas.

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