Néstor Hernández culpa al PP de la anulación judicial de la adjudicación de Emalsa
La anulación por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias de la adjudicación de las acciones de Emalsa a las empresas privadas que rigen la compañía del agua ha vuelto a enfrentar a socialistas y populares en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que se culpan entre sí del revés judicial. El gobierno local de mayoría socialista estudia ahora recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, a tenor de lo que determinen los servicios jurídicos municipales.
El concejal Néstor Hernández, responsable del servicio de Aguas y miembro del consejo de administración de Emalsa, aseguró este martes que “a la espera de estudiar con más detenimiento el contenido de la sentencia, se vuelve a poner de manifiesto el escaso o nulo respeto que dispensaron los gobiernos del PP al Estado de Derecho, haciendo caso omiso de informes técnicos y de resoluciones que son esenciales para el buen funcionamiento del mismo y de las instituciones”, señala un comunicado difundido por el Ayuntamiento.
“Estamos ante otra prueba de la tan cacareada herencia de los gobiernos populares”, agrega Hernández, que cree que “la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria ya ha percibido que la autosuficiencia de algunos está resultando bastante cara. La losa que recibimos sigue pesando cada vez más”.
En cambio, la portavoz municipal del PP y ex alcaldesa, Pepa Luzardo, recordó este martes, en declaraciones, que “el origen” del pleito iniciado por la compañía Aquagest fue la adjudicación primigenia del 66% de las acciones de Emalsa a Unelco y Saur “por el alcalde socialista Emilio Mayoral” en 1993.
Luzardo, que cuando se privatizó Emalsa era la única concejala del PP, se mostró crítica con aquella adjudicación y no la respaldó, en contra de la mayoría de la corporación, de mayoría socialista.
Aguagest llevó el asunto a los tribunales y lo ganó en primera instancia y, también, en el Supremo, que en 2000 estimó la anulación del procedimiento por un defecto de forma: la ausencia del informe del interventor del Ayuntamiento. Esa sentencia, en lugar de provocar una readjudicación del accionariado, como mandaba la resolución, fue acogida por el gobierno municipal de entonces, presidido por José Manuel Soria, del PP, como un problema que se creaba para la ciudad al implicar indemnizaciones millonarias a Unelco y Saur.
Por esa razón, el gobierno local decidió retrotraer el expediente al momento en que se precisaba el informe del interventor y volver a adjudicar las acciones a las mismas empresas, de forma que nada cambió. Sin embargo, Aquagest encontró un resquicio legal por el que volver a abrir el pleito judicial, obteniendo ahora una sentencia que anula también la adjudicación de 2001.
