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RTVC convalidará las facturas de transporte de señal sin haber tramitado ningún procedimiento administrativo

La versión oficial es que no se informa del asunto por tratarse de “un procedimiento interno”, pero en realidad ningún departamento está al corriente de lo que se ha hecho

El método elegido es similar al que se aplicaría para una emergencia sobrevenida que obligara a adquirir bienes o servicios, cuando la fecha de caducidad del contrato se conocía con años de anticipación

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Unidad móvil de la Televisión Canaria.

Unidad móvil de la Televisión Canaria. Alejandro Ramos

Ni contrato negociado sin publicidad ni prórroga. La Radiotelevisión Canaria ha recurrido a una fórmula extraordinaria y de emergencia para evitar que tanto la televisión como la radio públicas se quedaran sin poder emitir a las 24.00 horas del 31 de diciembre pasado. Se trata de la convalidación de facturas que vaya girando al ente público el actual proveedor de ese servicio, Cellnex, convalidación que habrá de autorizar en todo caso la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias.

Nadie en el ente público confirma que esta haya sido la fórmula escogida porque ningún departamento ha tramitado ningún expediente en tal sentido. “Se ha hecho fuera de la casa”, indicaron este lunes fuentes consultadas, a través de algunos de los despachos de juristas que estos últimos meses han asesorado al presidente de RTVC, Santiago Negrín, en asuntos complejos y algunos extremos como el polémico concurso para la provisión de los servicios informativos de Televisión Canaria.

A partir del 1 de enero de 2018, Cellnex deberá girar mes a mes su factura por 325.000 euros al mes para que le sea convalidada por el Gobierno de Canarias aplicando el principio de “enriquecimiento injusto de la Administración”, lo que habitualmente solo se utiliza para situaciones límite derivadas de necesidades sobrevenidas que escapan a cualquier tipo de previsión, generalmente en el campo de la sanidad pública.

No sería el caso del transporte de señal para los dos medios de comunicación públicos de Canarias ya que desde hace años se sabe que el actual contrato expiraba en julio de 2017 y que, llegado ese mes, se aprobó una prórroga extraordinaria que venció el 31 de diciembre de 2017. Durante todo ese tiempo el ente público no ha promovido un nuevo concurso, lo que desembocó en un nuevo intento de prórroga que fue frustrado por el consejo rector el pasado diciembre.

Desde RTVC ha habido total ocultación del sistema escogido para evitar que la televisión se fuera a negro y la radio se quedara sin sonido el 1 de enero. Tanto el presidente, Santiago Negrín, como la directora de Relaciones Institucionales, Daida Rodríguez, han remitido siempre a los periodistas a la directora de Comunicación, Candelaria Delgado, que no se ha salido en ningún momento del guion establecido: “se trata de un procedimiento interno y nosotros no informamos de procedimientos internos”. La misma contestación que recibió este periódico este mismo lunes al pedirle expresamente que confirmara que la fórmula adoptada finalmente es la de la convalidación.

No existe en tramitación en el ente público ni un solo expediente que haya podido desembocar en el procedimiento finalmente escogido, y por lo tanto no constan informes jurídicos internos que lo avalen de algún modo, ha confirmado otra fuente interna. Desde la marcha del jurista Martín Orozco, que abandonó RTVC disconforme con las decisiones de su presidente, Santiago Negrín, respecto al contrato de informativos, todos los informes jurídicos comprometidos los elabora el despacho del abogado tinerfeño Carlos Cabrera, experto en asuntos audiovisuales desde que asesorara a Socater y al Grupo Prisa, ambos interesados en el polémico concurso de informativos.

Precisamente invocando la existencia de ese concurso, actualmente en licitación, la dirección de RTVC ha justificado el retraso en la convocatoria de otro para el transporte de señal, alegando que un cambio de concesionario podría desembocar en que tuvieran que trasladarse los centros emisores de El Sebadal (Videreport) a Taco (Mediareport), previsiones que ni siquiera constan en los informes preliminares que para el ente ha elaborado la consultora Apica, experta en este tipo de licitaciones técnicas.

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