Telde denunciará el precinto de la emisora municipal

El Ayuntamiento de Telde ejercitará acciones legales de orden penal, civil y administrativo contra los responsables del “precinto indebido” de la emisora municipal Canal Telde. El acuerdo en tal sentido será adoptado el próximo lunes por la Junta de Gobierno a raíz de un informe de la Asesoría Jurídica de la Institución que apunta que en la acción llevada por la Guardia Civil se han vulnerado derechos fundamentales tutelados por la Constitución Española, según informa Teldeactualidad en un comunicado.

Según el informe de la Asesoría Jurídica, “existe una evidente contradicción entre lo solicitado por el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil, que incluía la intervención o precinto de cuantos aparados se estén utilizando en la comisión del delito para la emisión, retransmisión de la obra y grabaciones de audiovisual y software, y lo acordado en el auto de 14 de julio de 2010, donde se aclara que no se limita de ninguna forma la emisión o radiodifusión de cualquier otro contenido que no esté protegido por la propiedad intelectual, acordándose el levantamiento de cualquier restricción que se haya podido realizar de los aparatos de emisión”.

Los servicios jurídicos entienden que “han podido resultar gravemente vulnerados los derechos fundamentales de libertad de expresión y opinión y de comunicar información y recibirla, amparados por el artículo 20.1, puntos a y d de la Constitución”, porque, “como se reconoce en la última resolución, no procedía el precinto de los aparatos de emisión, medida que se llevó a cabo y supuso la suspensión de las emisiones”.

La asesoría jurídica en su informe añade que tales hechos “podrían ser constitutivos de un delito contra las garantías constitucionales y la libertad individual tipificado en el artículo 538 del Código Penal que, fuera de los casos permitidos por la Constitución y las leyes, suspenda la difusión de cualquier emisión radiotelevisiva, incurrirá en la pena de inhabilitación absoluta de seis a diez años”.

Asimismo, señalan que en la intervención judicial y policial contra Canal Telde pueden haberse producido “responsabilidades de orden penal, civil y administrativo que habrán de ser depuradas mediante el ejercicio de las acciones correspondientes ante los órganos jurisdiccionales y administrativos competentes”.