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El Tribunal Supremo anula la compraventa de Las Teresitas

LA SALA CONSIDERA QUE ES ''CONTRARIA AL ORDENAMIENTO JURÍDICO''

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El Tribunal Supremo ha anulado la compraventa de los terrenos aledaños a la playa de Las Teresitas, llevada a cabo por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en septiembre de 2001 por un importe de 8.750 millones de pesetas (52.588.156 euros).El fallo indica que la compra que el alcalde capitalino, Miguel Zerolo, hizo con Inversiones Las Teresitas SL es "contraria al ordenamiento jurídico". Se basa en la existencia de una especie de compromiso entre comprador y vendedor para ponerse de acuerdo en el precio de la operación.

Según el fallo, "la compra que el alcalde santacrucero Miguel Zerolo acordó con la mercantil Inversiones Las Teresitas SL es contraria al ordenamiento jurídico porque el precio pactado entre el Ayuntamiento y los empresarios no se ajusta a una valoración independiente, cuando en realidad tendría que estar sujeta al derecho administrativo y haberse realizado por técnicos municipales. La sentencia se basa en la existencia de una especie de compromiso entre comprador y vendedor para ponerse de acuerdo en el precio de la operación al margen de la legalidad. La base de la sentencia se circunscribe a una de las alegaciones de la asociación recurrente que dice que "el Informe pericial se acomoda a las exigencias de la parte vendedora". Además se alegó que la falta de proporcionalidad del precio pactado, en relación con el precio fijado para la totalidad del parcelario en 1998 (5.500 millones de pesetas) frente al establecido en el actual contrato de 2001 (8.750 millones de pesetas, sólo por once parcelas del total, de las que, además, el Convenio contempla transferir su aprovechamiento urbanístico a las parcelas que conserva la vendedora.

La Sala considera que en la valoración de las parcelas vendidas al Ayuntamiento por los particulares se debió contemplar el requisito formal del artículo 11 del Reglamento de Bienes: "hubiera sido más correcto desde el punto de vista de la idoneidad que dicho informe estuviera suscrito por un arquitecto de la Administración urbanística (bien en exclusiva, o mejor, conjuntamente, con los profesionales que rubrican el presente informe), lo fundamental es que se trate de expertos en relación del área de conocimientos sobre el que informan, determinación que se deduce en la medida en que la Administración les ha encomendado su elaboración".

La Asociación Coordinadora Ecologista Popular El Rincón fue la entidad que presentó un recurso administrativo ante el TS al considerar ilegal la compraventa de los terrenos de la playa de Las Teresitas y el Convenio Urbanístico firmado entre las partes. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC no había admitido tal recurso, que ahora estima en parte el Supremo y declara nula la citada compraventa. Según el fallo del alto tribunal, "el precio de la compraventa no ha contado con el soporte (informe pericial) exigido en el precepto que se cita como infringido en la demanda", que no es otro que el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Tampoco ha contado "con un sistema de fijación que acredite la corrección del mismo de modo fehaciente", algo que exige el citado reglamento.

La Sala advierte que los tres informes de valoración emitidos por entidades particulares "adolecen de inconcreción y generalidad, estando condicionados por una serie de parámetros sobre cuyo cumplimiento no existe seguridad".

En el fallo se señala que "el Informe de Valoración de los Servicios Municipales, emitido por la entidad TINSA, fue encargado por la Caja General de Ahorros de Canarias, siendo esta una entidad relacionada e interesada en la operación, por cuanto tenía hipotecadas las parcelas, como consecuencia de concesión de crédito hipotecario para la anterior compraventa de 1998 por parte de la luego vendedora".

Por todo ello, el fallo judicial concluye que el precio de la compraventa no ha contado con el soporte (informe pericial) exigido por el precepto que se cita como infringido en la demanda (11 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de julio), ni con un sistema de fijación que acredite la corrección de mismo de modo fehaciente (artículo 118 del mismo Reglamento) por lo que, en consecuencia, no resulta cumplido el principio de "buena administración".

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