El acceso a los Juzgados choca con el cementerio
El Grupo Socialista en el Cabildo de Gran Canaria se opone “a que se toque un centímetro” el Cementerio de Las Palmas, Bien de Interés Cultural (BIC), por una futura vía de acceso de dos carriles al nuevo edificio de los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria.
El PSOE en el Cabildo de Gran Canaria señala que por Decreto 19/2010, de 25 de febrero, se declara Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento “El Cementerio de Vegueta” y se delimita su entorno de protección con el fin, como establece el propio Decreto, “de prevenir, evitar o reducir un impacto negativo en las obras, actividades o usos que repercutan en el bien a proteger, en su contemplación, estudio o apreciación de los valores del mismo”.
La delimitación del BIC en cuestión viene definida claramente en la norma referida, que establece los límites físicos del cementerio y, por tanto sujeto a protección, en las paredes que perimetralmente lo rodean, constituyendo las fronteras naturales de este inmueble.
“Nos oponemos a que se toque un centímetro de las paredes del Cementerio de Vegueta y exigimos al Presidente del Cabildo que deje las polémicas y los enfrentamientos estériles, que colabore en la solución de este problema, que afecta seriamente a la ciudadanía grancanaria y que defienda los Bienes que han sido declarados de Interés Cultural. No se entiende el exceso de celo con un espacio que sólo tiene propuesta de Sitio Histórico como es el espacio de la Charca de Maspalomas y con éste mire para otro lado, con tal de aumentar la bronca con el Gobierno de Canarias”, asevera la portavoz socialista en el Cabildo de Gran Canaria, Carolina Darias.
Al tratarse, la vía de acceso inicialmente prevista, de una obra que afecta al entorno de un BIC, la tramitación de la misma precisa de una tramitación especial que incluye la autorización de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular. Por tanto, este asunto es competencia de la Corporación insular. El Gobierno Canario, “de forma acertada”, ha previsto una vía alternativa, que podría ser definitiva, que transcurre junto al acceso al Tunel de San José.
Por otro lado, el PSOE recuerda que desde el año 2011 las administraciones implicadas en la ejecución de las obras de acceso a los nuevos juzgados habían acordado una actuación que implicaba distintas intervenciones. Así, el Gobierno de Canarias pagaba y ejecutaba la obra entre Pagador- Guía, el Ayuntamiento capitalino cedía los terrenos y construía un aparcamiento subterraneo y el Cabildo pagaba y transfería los recursos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para los nuevos accesos para que éste los ejecutara.
“¿Qué ha hecho el Cabildo de Gran Canaria desde octubre de 2011 hasta abril de 2013, año en que retiró la partida destinada al acceso a los Juzgados? Nada”, critica Darias, quien matiza que en los Presupuestos del Cabildo Insular para 2013 se consignó una partida de 735.554,40 ? para transferir al Ayuntamiento capitalino con el objeto de ejecutar los accesos. “Pero, de forma sorpresiva, el Gobierno del Partido Popular en la Corporación Insular llevó una modificación de crédito al Pleno de abril pasado, por la vía de urgencia y sin que la oposición pudiera ni ver el expediente, en la que retiraba 671.354,40 ? para destinarlos a otras carreteras de la isla. Esto no se lo comunicó a ninguna administración. De hecho, cuando el Ayuntamiento descubre que el Cabildo había eliminado los fondos de su presupuesto monta en cólera y, lejos de reclamárselo al señor Bravo de Laguna, se lo exige al Gobierno de Canarias. Esto no es más que una pataleta del Cabildo de Gran Canaria, contra el Gobierno de Canarias, sin tener en cuenta que la ciudadanía de Gran Canaria era la principal afectada con esta medida, y cuando en realidad el principal responsable de la situación actual es el Gobierno de España, que ha recortado más de un 60% del presupuesto previsto para las carreteras de Canarias”, critica Darias.
“A pesar de lo insólito de los acontecimientos, en un ejercicio de responsabilidad”, el Gobierno canario convoca una reunión urgente al enterarse de esta circunstancia, en julio, y asume el coste de la obra de acceso a los juzgados y su ejecución, incluyéndola en la Ley de crédito extraordinario que se está tramitando en el Parlamento de Canarias, “por cierto, con el previsible rechazo del Partido Popular”.
