Acusan a Gascan de falsear los planos de los terrenos de la regasificadora de Granadilla
La Asociación de Amigos de Las Teresitas y del litoral de Anaga ha presentado un recurso de alzada en el que expresa que la ubicación de la futura planta Regasificadora de Granadilla no respeta los límites mínimos de distancia que para la seguridad y protección de la salud de la población vienen recogidos en el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. En este texto legal se apunta que este tipo de industrias deben situarse a una distancia de dos kilómetros desde el núcleo poblacional más cercano. Aunque según la cartografía aportada por la Compañía Transportista Gas de Canarias (Gascan) se cumple con este requisito, el colectivo estima que en realidad la documentación “no coincide ni con los datos de población agregada actuales, ni con la previsión de poblamiento a corto plazo”, recogidos en el plan general del municipio.
La asociación señala que el núcleo urbano de La Caleta se ubica a 1.600 metros de distancia y que el pueblo de San Felipe-Las Maretas lo está a 1.800. “Esto hace necesario un análisis pormenorizado que determine la distancia real ya que en caso de ser inferior a dos kilómetros se habrá incurrido en un fraude de ley por parte de Gascan al haber presentado una documentación que no se ajusta a la realidad”.
La Asociación se expresa de esta manera en el recurso que ha presentado en la Subdelegación del Gobierno de Tenerife en contra de la autorización otorgada por el Ministerio de Industria para dar vía libre a la construcción de una planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en Granadilla. Este paso es previo e imprescindible a la posible interposición de acciones judiciales ante los tribunales. La autorización fue solicitada por Gascan en el año 2000 y finalmente acaba de ser concedida hace apenas algunas semanas por el Gobierno central.
Según el colectivo denunciante, la industria “no respeta la normativa aplicable en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, carece informe sobre la afectación del tráfico aéreo y sobre la peligrosidad expresa de las instalaciones en relación con los núcleos poblaciones y turísticos cercanos. No respeta las específicas condiciones meteorológicas de la zona, y en concreto la intensidad del viento imposiblitan las tareas de carga y descarga, y la maniobrabilidad de los barcos y finalmente afecta al desarrollo de las energías renovables de la zona”, se indica en el escrito.
El inicio de las obras del puerto ya ha sido denunciado por la vía penal ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Santa Cruz por un supuesto delito a la ordenación del territorio puesto que según los opositores al proyecto, “se están produciendo daños irreparables en la flora, fauna y hábitat marinos y costeros” de este municipio. La actividad autorizada además puede enclavarse en la categoría de molesta, insalubre, nociva y peligrosa en cuanto que genera ruidos, contaminación, desprenderá productos tóxicos, requerirá la manipulación y almacenamiento de sustancias que pueden causar explosiones y además todo ello en un entorno en el que se desarrollan actividades industriales, comerciales, turísticas y de transporte.
Según la denuncia, la planta pondría en riesgo la vida de las numerosas personas que van a trabajar en el polígono industrial de Granadilla que en estos momentos se está construyendo sin que se haya contemplado ninguna medida adicional de seguridad, ni planes de evacuación. Otro riesgo añadido es la corta distancia que hay entre la futura planta y la autopista del sur por donde diariamente discurren miles de vehículos.
A ocho kilómetros se ubica el aeropuerto, pese a lo cual los promotores de la industria no han contemplado ningún estudio sobre la influencia que tendrá la planta en el desarrollo de la actividad aérea y en los trabajadores de tierra del Reina Sofía. En el recurso se recuerda que el gas licuado es uno de los explosivos no nucleares más potentes que se conoce y en caso de fuga se convierte en vapor generando una nube pesada que se extenderá a merced del viento. “Basta una pequella llama o chispa, incluso de un simple interruptor, para que genere una nube de fuego que puede llegar a calcinar todo lo que se encuentre a su paso”, se indica.
La fuerza de los vientos en este entorno está certificada en un informe pericial encargado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) donde se apunta que perjudicaría también la actividad de los barcos gaseros que sólo podrían operar en condiciones de seguridad un 20% de los días del año. El colectivo alerta sobre la bajada de la inversión prevista en un 21,42% lo que podrá repercutir en las medidas de seguridad necesarias. En la propia autorización se admitía que no existe un estudio de impacto ambiental y ordenación territorial cuando según la asociación, “una infraestructura de este tipo debe ser estudiada por los distintos instrumentos de carácter estratégico que tienen que orientar el desarrollo del Archipiélago hacia escenarios de equidad y sostenibilidad”.
