'El Agitador' se enfrenta a una multa de 87.000 euros
Los tres administradores de la web El Agitador se enfrentarán este lunes en el Juzgado de lo penal número 3 de Arrecife a la vista oral por un delito de injurias y calumnias por una denuncia del exfiscal coordinador de Arrecife, Miguel Pallarés, destinado ahora en Las Palmas de Gran Canaria. Pallarés pide una multa de 27.000 euros y una indemnización de 60.000, mientras que la Fiscalía pide la misma multa pero rebaja la indemnización a 12.000 euros.
La denuncia la interpuso Pallarés tras la publicación en enero de 2008 en la página web elagitador.com de un artículo y una viñeta que hace referencia al caso de la urbanización La Bufona de Arrecife, donde Pallarés tiene una casa que según la agencia de protección del medio urbano y natural invade suelo rústico. El artículo se preguntaba si sirve de algo un fiscal “que se abstiene de intervenir en los casos más graves de corrupción urbanística” y hacía referencia también al caso de la urbanización Costa Roja, paralizada por la Justicia y que dio pie a la operación Unión. Decía el artículo que “el fiscal tampoco ha creído oportuno intervenir en el caso”. En la denuncia de Pallarés se afirma que el artículo le atribuía delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y retardo malicioso en la administración de Justicia porque se daba a entender que él paralizaba la investigación sobre Costa Roja.
Desde mayo de 2012 la Justicia ha embargado ya 6.000 euros de la nómina de los miembros de El Agitador como garantía para afrontar una posible condena. En 2010 un Juzgado de Arrecife ordenó retirar la viñeta, como medida cautelar, pero el propio Juzgado acabó aceptando el recurso al considerar que se podía dañar un derecho fundamental como es la libertad de expresión. Pallarés también interpuso otra denuncia más a El Agitador por otra viñeta posterior en la que se decía que “El fiscal Miguel Pallarés demolerá personalmente su casa de La Bufona”.
El denunciante del caso La Bufona, Gonzalo Murillo, a quien le ocuparon parte de sus terrenos al construir las viviendas, también fue objeto de una denuncia por parte de Pallarés, y le acabaron condenando a pagar 12.000 euros por el mismo motivo. El caso de La Bufona, por otra parte, se denunció en 2000 y aún no se ha resuelto.
