Aguere evita pagar la ampliación del Campus
La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias tendrá que desembolsar 3,4 millones de euros más intereses para expropiar los terrenos donde irá situada la ampliación del Campus de Guajara en La Laguna. No obstante, está cantidad supone casi 7 millones menos de los más de diez en los que habían sido tasados previamente los 12.000 metros cuadrados destinados a este fin.
Por lo tanto, el resultado de la incursión del Gobierno canario en los juzgado resulta agridulce: se reduce la cantidad que tendrá que desembolsar, pero en la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), se deja claro que corresponde a la Consejería y no al Ayuntamiento lagunero o a la Universidad el pago de esta cantidad.
En la resolución judicial se apunta que la parcela que se expropia aparece incluida, según el Plan Especial, para el desarrollo de los sistemas generales como Campus Universitario y más concretamente para parque y viario. Con el fin de adquirir esta bolsa de suelo se optó por la vía de la expropiación y así el justiprecio fue fijado en 2008 en algo más de 10 millones.
Educación alegó que en el estudio de necesidades del Campus de Guajara presentado al Ayuntamiento lagunero se hizo preciso dedicar toda la reserva de equipamiento insular en el norte de la autopista TF-5 e incluso hasta la carretera general. De esta manera, se agotaron las disponibilidades de suelo para otras dotaciones insulares no universitarias y que en la actualidad están ocupadas por la cercana área comercial. Por lo tanto, Educación defendió que la decisión correspondió exclusivamente a la Universidad lagunera y al Ayuntamiento.
Sin embargo, el TSJC desmonta este argumento al indicar que en el Estatuto de autonomía se refleja que aunque la entidad docente tiene personalidad propia, todo lo referente al planeamiento recae en la Consejería. “En caso contrario la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) tendría que haber informado negativamente e incluso recurrir este plan especial si no aceptaba, por innecesario, dicho diseño”.
En cuanto al valor de la expropiación que en principio se fijó en algo más de 10 millones de euros, el TSJC sí da la razón al Gobierno canario al considerar que efectivamente la Junta Provincial sólo tuvo en cuenta un único informe que fue el que presentaron los anteriores propietarios. Esta sentencia, sin embargo, es recurrible ante el Tribunal Supremo (TS).
En el caso de la ampliación del Campus central de La Laguna en Geneto ocurre un enredo judicial parecido. Los efectos de la huella sonora del aeropuerto y la falta de recursos del Gobierno canario han hecho imposible esta actuación. Sin embargo, ahora el Ayuntamiento se ha visto obligado por los tribunales a desembolsar 5 millones de euros por la expropiación de más de 31.000 metros cuadrados que ocupó en el año 2000.
Precisamente, la Corporación local lagunera se ha planteado recurrir a los tribunales para que esta cantidad sea pagada por la Consejería de Educación, lo que no parece tan descabellado visto el último fallo judicial.
