Un ahorro del 5% en alquileres y del 25% en luz
El Gobierno de Canarias quiere ahorrarse en 2012 un 5% más que este año en el arrendamiento de inmuebles, hasta llegar a pagar un 15% menos que en el año 2010, así como “lograr la reducción del 25% respecto al coste final ocasionado por las facturas energéticas” que la totalidad de la Administración abonó hace un año.
Estas son algunas de las medidas esbozadas por el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este miércoles en Santa Cruz de Tenerife, y cuyo objetivo es “potenciar” la austeridad que ha permitido que en 2011 “Canarias haya sido la que más dinero ha ahorrado en los gastos corrientes, hasta alcanzar la suma de 1.250 millones de euros”, según ha certificado el propio Ministerio de Economía y Hacienda.
“Se trata de potenciar todas las medidas que mejoren el uso racional de los recursos públicos disponibles con el objetivo de extraer de ellos el mayor partido posible con el menor coste público”, afirmó Marrero.
Junto al ahorro en alquileres y luz, el Ejecutivo pretende apretarse el cinturón aún más en los aparatos de telefonía móvil asignados “con el objetivo de reducir el número de terminales”. El criterio general que se aplicará es el mantenimiento de aquellas asignadas a personal que realice trabajos que “carezcan de ubicación permanente en sedes del Gobierno” y a personal que deba estar localizable fuera de los horarios establecidos como jornada laboral, afirmó Marrero.
Además, se mantienen las restricciones en cuanto a las horas extraordinarias, el uso de vehículos oficiales, la racionalización en papelería e impresión, así como las limitaciones relativas a los viajes mediante el uso del sistema de videoconferencia para las reuniones de trabajo.
“Se mantiene la senda de reducción establecida para 2011 para los gastos en desplazamientos, cursos y reuniones, atenciones protocolarias y representativas, publicidad institucional y estudios y trabajos técnicos”, insistió el portavoz.
Marrero afirmó que las medidas adoptadas desde el año 2008 “están generando buenos resultados”, pues el objetivo es garantizar a los ciudadanos “la prestación de los servicios considerados esenciales y de carácter social, pese a la coyuntura económica que afecta a la capacidad de financiación de todos los niveles de la Administración Pública”.
