El alcalde de Mogán evitó negociar el coste de la expropiación
El alcalde de Mogán, Francisco González (PP), tuvo la posibilidad, entre diciembre de 2003 y octubre de 2005, de sentarse a negociar con la familia Sánchez Valerón para reducir o compensar el justiprecio fijado en 4,2 millones de euros y ratificado ahora por el Tribunal Supremo, como compensación a la expropiación forzosa de sus terrenos colidantes al cementario municipal.
Así consta en un documento público del Ayuntamiento de Mogán, dado a conocer este jueves por la concejal de Nueva Canarias, Isabel Santiago, durante el pleno municipal en el que la oposición pretendió debatir, sin éxito, las consecuencias de la sentencia firme conocida a principios de esta semana, que condena al pago de una cantidad equivalente al 15% de los presupuestos del consitorio para 2012.
El documento, de fecha 4 de diciembre de 2003 siendo ya Francisco González alcalde y concejal de Urbanismo del ayuntamiento del sur de Gran Canaria, indica en uno de sus puntos la intención de la familia Sánchez Valerón, “siendo conscientes del importe al que asciende el justiprecio expropiatorio a satisfacer por el Ayuntamiento de Mogán”, de “establecer las oportunas negociaciones”.
La representación legal de la familia, a la que ahora el consistorio se ve forzado a pagar 4.269.839, 08 euros, propuso incluso al alcalde fórmulas para efectuar ese pago “a la mayor brevedad posible”, consistentes en satisfacer el justiprecio “mediante adjudicación de terrenos (solares) y parte en metálico”.
González negó el lunes pasado a este periódico que pudiera haber prueba documental de ofertas en firme de la familia Sánchez Valerón, como si se produjeron en mandatos anteriores al del actual alcalde, para poder cerrar el contencioso por 300.000 euros.
Este jueves, con la aparición de esta propuesta formal por escrito de sentarse a negociar, el alcalde impidió debatir el asunto en el pleno, dando escasos dos minutos a la concejal Isabel Santiago para exponer la moción conjunta de toda la oposición.
Los grupos de Ciuca, NC, CC y PSOE propusieron que el alcalde inicie la depuración de responsabilidades como le propuso incluso el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al quejarse de la imposibilidad de costear el pago del justiprecio, o cargar esas cantidades “al remanente líquido de tesorería, a las compensaciones urbanísticas que los promotores le deben al pueblo de Mogán, o al beneficio que supondrían para las arcas municipales la gestión directa del suministro de Agua de Puerto Rico, aún en manos privadas”.
