No andaluz, asturiano y canario a la reforma judicial

Andalucía, Canarias y Asturias han censurado la propuesta “cicatera” del Gobierno central para financiar la justicia gratuita con cargo a las tasas judiciales y han alertado de que la nueva Ley de Demarcación y Planta podría vulnerar los estatutos de autonomía.

Los consejeros de Justicia de estas tres comunidades han comparecido juntos al término de la Conferencia Sectorial del ramo en la que el Gobierno central ha propuesto un tope para financiar la asistencia jurídica gratuita con el dinero procedente de las tasas judiciales.

Durante la reunión, Andalucía, Canarias y Asturias han pedido al Ministerio de Justicia que cumpla con el artículo 11 de la ley de tasas judiciales, en el que se vincula la recaudación de las tasas a la justicia gratuita, ha detallado el consejero de Justicia e Interior de Andalucía, Emilio de Llera.

Los tres consejeros han advertido de que están haciendo frente a un coste de justicia gratuita “muy superior” al que se contemplaba en las transferencias del Ministerio de Justicia y que, en el caso de Andalucía, llega a multiplicarse por dos.

De Llera ha incidido en que la nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial y el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial “imponen” la existencia de unos tribunales provinciales de instancia, algo que, a su juicio, “excluye toda posible demarcación distinta a la provincial e impide toda posible participación de las comunidades autónomas en la demarcación de la planta judicial”.

Esta forma de reorganizar el mapa judicial vulnera muchos estatutos de autonomía y, en concreto, el de Andalucía, en el que se establece que la capitalidad de los partidos judiciales es competencia exclusiva de la comunidad autónoma, según el consejero andaluz.

“Un absurdo”

Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad de Canarias, Francisco Hernández Spínola, ha criticado la “actitud absolutamente cicatera” del Ministerio de Justicia con respecto a la financiación de la justicia gratuita con las tasas.

De los 313 millones de euros recaudados, las comunidades autónomas recibirán una cantidad “insuficiente” y, especialmente, las Islas Canarias que gastan en justicia gratuita alrededor de 118 millones de euros.

Con respecto a la reorganización del mapa judicial, Hernández Spínola ha apuntado que los criterios que se quieren establecer en todo el Estado “no sirven” para su comunidad autónoma y, por ello, este lunes ha pedido al Ministerio una regulación específica que tenga en cuenta la singularidad de las Islas Canarias.

“¿Es que todos los ciudadanos de La Palma, de Lanzarote, de Fuerteventura, de La Gomera y de El Hierro van a tener que desplazarse a Las Palmas de Gran Canaria o a Santa Cruz de Tenerife para realizar todos los trámites judiciales? Es un absurdo”, ha sentenciado.

Por su parte, el portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Justicia, Guillermo Martínez, ha expresado su “preocupación” por la concentración de la justicia en las capitales de provincia y la desaparición de los Juzgados de paz.

Además, ha señalado que esta “concentración” agravaría el alejamiento de los ciudadanos con respecto a la Justicia, por lo que ha opinado que esta reforma estructural de la Administración de Justicia requiere “de más acuerdo y más interlocución” con las autonomías.

Un tope insuficiente

El Gobierno ha propuesto un tope para financiar el sobrecoste de la asistencia jurídica gratuita con dinero procedente de las tasas judiciales, que las comunidades autónomas en general han considerado insuficiente.

Esta es una de las cuestiones que se han tratado en la conferencia sectorial, que ha presidido el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, ante la ausencia del ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, convaleciente del accidente doméstico que sufrió el domingo en el que se rompió dos costillas.

El Ministerio se ha comprometido a asumir con cargo a lo recaudado con las tasas judiciales el sobrecoste que les supondrá a las comunidades la aplicación de la nueva ley de asistencia jurídica gratuita.

Para garantizar una aplicación equitativa de la norma se prevé un incremento máximo de la aportación de cada comunidad y como referencia se toma la variación media de aquellas que no tienen transferidas las competencias de justicia (estimado en el 0,47%) y se establecerá que las aportaciones que reciba el resto pueden alcanzar hasta el triple de ese porcentaje de variación (1,41%).

En la reunión de este lunes han participado los consejeros de las comunidades con competencias transferidas, que son País Vasco, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía, Navarra, Madrid, Asturias, Cantabria, Aragón y La Rioja.

Durante el encuentro los representantes ministeriales han aclarado que la justicia gratuita ya fue financiada en el momento en el que se produjeron las transferencias por lo que el Ministerio estima que cualquier aportación indiscriminada implicaría doble financiación.

El aumento del coste de justicia gratuita se ha producido al elevarse los umbrales dentro de los que se puede solicitar este servicio y al haber incorporado a colectivos de víctimas especialmente vulnerables con independencia de su renta, todo ello provocado por el decreto de 22 de febrero que modulaba la cuantía de las tasas y adelantaba la entrada en vigor de las novedades de la ley de asistencia jurídica.

A lo largo de 2014 se recibirán y se analizarán los datos de las comunidades correspondientes a 2013 y en la ley de presupuestos generales del Estado para 2015 se recogerán los importes que se tendrán que abonar a cada una.

Consejo Médico Forense

Por otra parte, el Ministerio ha comunicado la aprobación en el primer semestre del año próximo del Consejo Médico Forense, que asesorará a juzgados, tribunales y fiscalías sobre la pericia más adecuada en cada caso, y se ha informado del objetivo para esta legislatura de instaurar ya la nueva oficina judicial en Melilla, Palma de Mallorca, Plasencia y Ponferrada.

También se ha acordado en la reunión la futura reorganización del mapa judicial y al respecto el secretario de Estado ha asegurado que aunque se tenderá a una mayor concentración de jueces en grandes poblaciones, las comunidades no deben tener preocupación tras las inversiones de sedes que ya han realizado ya que el Gobierno va a contar con su opinión.

El consejero de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha adelantado tras la reunión que su Gobierno regional solicitará la derogación de la ley de tasas judiciales si el Ministerio de Justicia no articula una propuesta “satisfactoria” para garantizar que la recaudación de 313 millones de euros prevista este año se dedica a la justicia gratuita.

El represente catalán, Germà Gordó, ha solicitado que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial posibilite la creación del Consejo Autonómico de Justicia y que la lengua catalana sea un requisito y no un mérito para jueces y fiscales destinados en esta comunidad.

El consejero vasco, Josu Erkoreka, ha criticado que los 313 millones de euros que el Gobierno ha recaudado hasta el 30 de noviembre con las tasas judiciales vayan a servir “para financiar los gastos del Ministerio de Justicia y que solo, de manera adicional, puedan financiar la justicia gratuita”.

Los consejeros de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, y de Galicia, Alfonso Rueda, también han mostrado sus reticencias con el sistema de financiación para la justicia gratuita y con el posible nuevo mapa judicial planteados por el Ministerio.