Aprobado, pero con enmiendas

Un halo de serenidad brilló durante la primera mitad del pleno celebrado este miércoles santo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Quizás porque se avecinaba un fin de semana largo, quizás porque era la segunda vez que el acto se emitía en directo a través de la página Web de la Administración local, pero las palabras más repetidas fueron, quizás, “gracias” y “felicidades”.

Dichas felicitaciones recayeron en Isabel Mena, que se estrenaba como portavoz del Grupo Municipal Socialista en el pleno y para Carmen Romero, que tomó posesión como concejala para ocupar la vacante dejada por Sebastián Franquis. Sin embargo, el aparente entendimiento entre los diferentes grupos quedó enturbiado en el apartado de las mociones, todas aprobadas. Eso sí, la mayoría por unanimidad, pero otras modificadas en sus puntos clave a través de enmiendas propuestas por el Partido Popular (PP).

Es lo que sucedió con la moción presentada por los socialistas relativa a la implantación de una tarjeta anual de zona verde. En este punto, Mena señaló que la empresa pública de aparcamientos de la capital grancanaria, Sagulpa, prevé recaudar unos 6,8 millones de euros en 2013, lo que incrementaría su volumen de negocio en dos millones de euros.

Asimismo, denunció que aparcar en la zona verde supone un desembolso anual para los vecinos de 144 euros, algo que calificó de “insostenible”, cuando en ciudades como Madrid el servicio cuesta 24 euros al año. Por estos motivos, propuso crear un sistema de pago “más rápido y cómodo”, en referencia a una alternativa al ticket diario que tienen que emitir los ciudadanos en la actualidad, con una tarifa más baja y cuestionó que el Ayuntamiento “no debe tener un fin recaudatorio con el aparcamiento”.

El Concejal de Movilidad Ciudadana y Medioambiente, Ángel Sabroso, recordó a Mena que el PP recogió este sistema de pago en el proyecto impulsado por el anterior grupo de gobierno y coincidió en la necesaria evolución de un sistema que apenas lleva 200 días funcionando.

Sabroso rechazó el afán recaudatorio mencionado por Mena y afirmó que la inversión total para la puesta en funcionamiento de la zona verde asciende a 586.800 euros al año, mientras que la recaudación total a día 20 de marzo no llegó a los 133.000 euros. En la actualidad hay más de 1.400 plazas de este color en la ciudad, que es utilizada habitualmente por unos 2.100 vehículos dados de alta en el sistema.

La enmienda popular se centró en mejorar el estacionamiento mediante mejoras con el sistema de pago telemático “on-line”, periodos de abono más extensos que lleguen al mes o al año y flexibilizar las condiciones para obtener la condición de residente, ya que en la actualidad 378 solicitudes no han sido admitidas.

El concejal adelantó que la zona verde crecerá en más de 1.100 plazas en la parte baja de la ciudad durante el presente año y fijó el objetivo de reducir los actuales 60 céntimos por 24 horas que se cobra a los residentes a cambio de incrementar la tasa que pagan las personas que no viven en el barrio y aparcan en dichas plazas.

Las explicaciones de Sabroso no convencieron a la oposición que terminó votando en contra, al considerar sustancialmente modificada su propuesta y al entender que la enmienda obviaba la bajada del precio.

Derecho al agua

Los puntos más “amables” del día los protagonizaron la aprobación por unanimidad de la moción relativa a la realización de un censo de viviendas vacías en propiedad de las entidades bancarias, la propuesta de cobro de multas de tráfico a extranjeros y la moción del Grupo Mixto para que la Administración local apoye la ICE sobre el derecho humano al agua.

En este apartado el concejal de Nueva Canarias (NC), Pedro Quevedo, se refirió al déficit de 700.000 euros con los que concluyó 2012 la compañía Emalsa y la concejala de Compromiso por Gran Canaria, Nardy Barrios, exigió junto al resto de ediles en la oposición, un mayor control público de la red de abastecimiento.

Al respecto, el concejal Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Aguas, Martín Muñoz admitió que “se ha perdido parte del control público” sobre la entidad y añadió una modificación a la moción, por la cual el Ayuntamiento continuará buscando fórmulas que garanticen el ciclo de agua en la capital.

El alcalde capitalino, Juan José Cardona, anunció que el grupo de gobierno elevará al próximo pleno que se celebrará en abril las conclusiones de la auditoría de los trabajos realizados por Emalsa, así como las obtenidas por un grupo de trabajo para mejorar los mecanismos de control que el Ayuntamiento utiliza sobre la empresa privatizada en 1993.

Desaveniencias y maquillaje

Las cuentas de Guaguas Municipales quedaron en entredicho en el turno de ruegos y preguntas, ya que Alfonso Campoamor acusó al grupo de gobierno de “maquillar” los resultados obtenidos por la entidad en 2012 y advirtió de pérdidas de un millón de euros. Una denuncia que Sabroso aseguró que no se corresponde con la realidad alegando que las cuentas son auditadas, públicas y poseen información explícita.

Sin embargo, el apartado que más crispación levantó a lo largo de la mañana fue la comparecencia de la concejala delegada de Asuntos Sociales, Rosa Viera, a la que Mena acusó de “reírse” de la oposición y a la que ignoró para hablar directamente con Cardona, al que dijo que “si hubiese sabido cómo ha actuado la concejala, hubiera pedido su cese”.

La portavoz socialista denunció que la “nefasta gestión” de Viera “ha costado 420.000 euros para la violencia de género, al no haberse suscrito un convenio con el Cabildo grancanario cuyo plazo ya ha concluido y que se firmaba cada año. Viera dijo no tener resolución expresa del rechazo de la institución insular y aseguró la atención a las víctimas durante el año pasado, algo que Mena puso en duda.