El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria investiga a la petrolera de la familia de Cañete por contaminación
“Estamos acostumbrados, pero ese día era mucho más fuerte de lo normal, era insoportable”. Los trabajadores del Centro de Intervención Social (CIS) de La Isleta dieron la alerta la mañana del pasado viernes 16 de septiembre. Un intenso olor a petróleo procedente del Puerto de La Luz y de Las Palmas causaba mareos, dolores de cabeza y picores de garganta a empleados y usuarios -personas en riesgo de exclusión social- de las dependencias municipales situadas en la calle de la Naval. Algunos de ellos, también vecinos de la zona, tuvieron que acudir incluso a centros de salud para ser atendidos en Urgencias.
El foco de la contaminación se localizaba en las inmediaciones de uno de los tanques de combustible de Petrologis Canarias SL, una empresa que presidió hasta 2012 Miguel Arias Cañete, ministro de Medio Ambiente durante los primeros años de Gobierno de Mariano Rajoy y actual comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, y de la que conservó acciones hasta 2014, cuando ya estaba en manos de su cuñado Rafael Domecq.
La unidad técnica de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, adscrita al área de Sostenibilidad que lidera la concejala Pilar Álvarez, investiga si la petrolera cometió alguna infracción relacionada con la emisión de gases en una operación rutinaria de trasvase de combustible en uno de sus tanques. Según explicó Petrologis, tanto a la Policía Local como a los bomberos de la capital grancanaria, el fuerte olor se debió a que el petróleo que transportaba mantenía una temperatura “anormalmente alta”.
La directora de Presidencia y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento Capitalino, María Eulalia Guerra, asegura que la contaminación que produjo este incidente “fue muy localizada y no supuso un riesgo para la población”. El CIS La Isleta, de donde partió el aviso, está situado en un radio de unos 300 metros respecto al lugar donde se originó el incidente. Petrologis logró estabilizar la temperatura del combustible y la unidad técnica de Seguridad y Emergencias descartó activar una alerta para movilizar efectivos.“Hay un informe interno que dice que no hubo ningún hecho peligroso para la ciudad”, asevera.
Aún así, desde el departamento de Medio Ambiente se está recopilando toda la información para valorar si procede adoptar alguna medida contra la empresa. “Cuando terminen los informes, tomaremos alguna decisión. Aquí ha habido una afección a la población y ha traspasado las barreras de la Autoridad Portuaria. Si se ha incumplido algo, hay que comunicarlo a Actividades Clasificadas (departamento dentro del área de Urbanismo) para que emita un informe. Tenemos que actuar dentro de nuestras competencias y colaborar con otras concejalías, pero procuraremos que todo llegue al punto que tiene que llegar”, afirma Pilar Álvarez, que no descarta ninguna opción.
Protocolo con la Autoridad Portuaria
Protocolo con la Autoridad PortuariaA pesar de haberle restado importancia, María Eulalia Guerra ha precisado que el incidente del pasado 16 de septiembre ha servido para estudiar “cómo se van a protocolizar ese tipo de actuaciones para la seguridad” entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria, en el marco del convenio firmado recientemente entre ambas institcuiones. “Estamos creando y mejorando los protocolos para cualquier tipo de intervención, para saber cómo actuar en cada caso”, señala.
Por su parte, Pilar Álvarez ha incidido en la necesidad de que la Autoridad Portuaria comunique al Ayuntamiento los planes de prevención y las medidas de seguridad que cabe adoptar ante aquellas actuaciones “que se salgan de lo normal, que puedan afectar a la población o que puedan tener algún riesgo”.
Accidente mortal en 2010
En la planta de Petrologis Canarias en el Puerto de La Luz y de Las Palmas se produjo un accidente mortal el 24 de febrero de 2010. El jefe de operaciones de la empresa, Jonathan Hernández, perdió la vida después de que se declarara un incendio durante los trabajos de reparación de un tanque de combustible. Otro operario, Gonzalo Suárez, sufrió quemaduras en el 17% de su cuerpo y la pérdida del pabellón auditivo izquierdo y de la visión en un ojo.
Un informe de la Inspección de Trabajo sobre las causas del accidente determinaría posteriormente que la empresa infringía en ese momento normas de seguridad de obligado cumplimiento. Sin embargo, la petrolera evitó el juicio por homicidio imprudente después de pagar 240.000 euros a las familias de los afectados y de que el fiscal de siniestralidad laboral atribuyera la responsabilidad del siniestro al operario fallecido.
Recientemente, un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado improcedente el despido del trabajador que sustituyó en el cargo a Jonathan Hernández y que alertó y trató de enmendar las deficiencias en materia de seguridad y medio ambiente en la empresa.
