El PSOE acusa a Cardona y a Claudio Rivero de utilizar el Ayuntamiento “para pagar sus gastos personales”
El concejal del grupo municipal del PSC-PSOE en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Alfonso Campoamor, aplaude que la Justicia se haya decidido a investigar el pago con dinero público de la factura de un abogado privado contratado por el coordinador general de Presidencia y Seguridad, Claudio Rivero, para un juicio particular.
De heho, el grupo socialista recuerda que ya el año pasado denunció el trato privilegiado que el alcalde Juan José Cardona otorgaba a Claudio Rivero por esta causa. Campoamor manifiesta que el coordinador general pudo cobrar 321 euros de las arcas públicas para pagar a ese abogado.
Por este motivo, el concejal insiste en felicitar a Intersindical Canaria por haber logrado que un juzgado acepte investigar este caso “por un presunto delito de prevaricación de ambos altos cargos”, asegura. En relación a ello, insiste en que “ser alcalde no es hacer del Ayuntamiento lo que a uno le dé la gana, sino lo que la Ley permite y en bien del interés general. Sin embargo tanto Cardona como Rivero creen que el Ayuntamiento es su finca privada y que pueden usar los recursos públicos a su antojo, para pagar sus gastos particulares”.
Además, Campoamor señala que no se trata del único caso que atañe al coordinador general de Presidencia, “no hace mucho tiempo que se conoció también la factura de 62 euros que Rivero pasó al Ayuntamiento por vacunarse para hacer un viaje oficial”, apunta.
Por otra parte, el concejal socialista también puntualiza que Claudio Rivero cobró otros 4.800 euros de dinero público tras presentar varias facturas del mismo abogado por asistirle en otros juicios que sí tenían vinculación con sus tareas en el Ayuntamiento. Sin embargo, indica que “aunque sea legal, nos parece moralmente condenable que un servidor público recurra a abogados externos para defenderse en casos que tienen que ver con su trabajo al frente de la administración cuando el Ayuntamiento cuenta con una asesoría jurídica y varios letrados que están precisamente para eso, para defender los intereses municipales”.
