La balsa Bediesta acaba costando el doble
La balsa de Bediesta en el municipio palmero de San Andrés y Sauces ha acabado costando casi el doble de lo que se calculó en su momento. Así frente a los 4,5 millones contemplados inicialmente, al final el Gobierno central ha tenido que desembolsar 9 millones. Pero además la Audiencia Nacional acaba de condenar al Ministerio de Medio Ambiente a pagar a la empresa constructora, Corsan-Corvian, otros 69.000 euros de los 1,5 millones reclamados por los retrasos que experimentó la actuación. El contrato inicial se firmó en 1999 y tenía un plazo de 22 meses que fue superado ampliamente hasta el punto de que los trabajos no acabaron hasta siete años más tarde.
Una de las causas del retraso resultó ser que en el vaso del embalse se encontraron depositados 20.000 metros cúbicos de vertidos y a lo largo del previsto trazado de la tubería de seis kilómetros se ubicaban explotaciones agrícolas que no estaban contempladas en el proyecto. Por ello, un año más tarde se tuvo que realizar un modificado que supuso un sobre coste de medio millón de euros y un retraso de 20 meses. Posteriormente, el proyecto tuvo que ser rehecho en su totalidad por lo que no estuvo listo hasta finales de 2001, fecha en la que se suponía que los trabajos debían estar acabados.
A principios de 2003 se tuvieron que volver a paralizar las obras para realizar un segundo modificado que se aprobó a finales de ese año y cuyo coste volvió a sumar otro medio millón de euros más. A finales de 2004 se pudo comprobar que el agua no quedaba retenida en el embalse sino que se filtraba, lo que implicó una inversión adicional de otros 800.000 euros más. Finalmente, los trabajos acabaron el 30 de diciembre de 2006, con lo cual, incluidas las prórrogas, la empresa tuvo que hacer frente a gastos de su propio bolsillo durante 45 meses.
El Abogado del Estado, por su parte, mantuvo que en realidad se llevaron a cabo 6 paradas de las que 2 fueron provocadas por la dirección de obra y 4 por el contratista adjudicatario. El abogado apuntó que en cualquier caso las paralizaciones generadas por la Administración fueron “temporales y parciales, debidas a la elaboración y redacción de los dos proyectos modificados que hubo que hacer debido a su complejidad y situación al pie de obra del embalse de Adeyahamen”.
De todas formas, subrayó que los parones sumaron poco más de 24 meses, y según indican, siempre se permitió mantener espacios libres para continuar sin interrupción las labores de la empresa. Además, el representante del Estado alegó que los perjuicios que hubiesen podido acarrear la demora por estas suspensiones, están compensados con la revisión de los precios que llegó a abarcar la totalidad del presupuesto.
Las obras consistieron por un lado en la construcción de una balsa de 170.000 metros cúbicos de capacidad, impermeabilizada que fue excavada en el cauce del barranco de Llano Clara. Para ello se tuvo que construir un dique de 160.000 metros cúbicos de tierras y de unos 30 metros de altura. La segunda, supuso la ejecución de una gran conducción de agua mediante tubería de 6 kilómetros de longitud que discurre por el lateral del canal Barlovento-Fuencaliente.
La balsa, como se pone de relieve en diversos informes de la dirección de la obra, supuso una actuación compleja por la singularidad de su emplazamiento, al pie de la balsa de Adeyahamen. La Audiencia, sin embargo, considera que de los tres parones efectuados durante la ejecución de esta obra, tan sólo el último es responsabilidad directa de la Administración, ya que en los anteriores el contratista no dio los pasos necesarios para que los costes recayeran en el Estado.
