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Los Bomberos de Gran Canaria acusan al PP de “mercadear” en la gestión de la seguridad

Manifestación del personal del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria —

Los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria han denunciado este lunes la situación “agonizante” y de “grave riesgo” en la que está el servicio de bomberos en la isla por culpa de la “actitud de mercadeo” del PP a la hora de gestionar la seguridad.

CCOO Canarias explicó que el Cabildo “trata las emergencias y el servicio de emergencias como si fuesen auténticos mercaderes, primando los recortes para no cubrir la falta de personal con una dotación acorde a una respuesta óptima para los ciudadanos”.

En este sentido, los bomberos se quejaron de que tengan que decidir si asisten a un accidente de tráfico con atrapados o a sofocar un incendio en una vivienda con personas en su interior, ya que carecen del personal suficiente para atender los dos incidentes a la vez.

“Llevamos más de tres años solicitando al PP que establezca una dotación acorde a la necesidad de esta isla. En estos momentos, dónde deberíamos intervenir en un incendio 7 u 8 bomberos, solo están asistiendo 3 o 4 y eso es inaguantable”, aseveraron.

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23 años de cárcel

En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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Por su parte, los bomberos esperaron que después de las elecciones, la Corporación insular esté en manos de políticos “responsables” y que “realmente velen por los más de 900.000 grancanarios y los casi 3,3 millones de turistas que visitan la isla”, esperando que no vuelvan a gobernar los que “vendan humo con la seguridad de Gran Canaria”.

Los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria están en huelga desde el pasado 6 de abril tras el “incumplimiento” por parte del PP en el Cabildo de la isla, del preacuerdo sellado por los representantes del Consorcio y los que dirigen la entidad el pasado septiembre de 2014.

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