El Cabildo devolverá el BIC del Oasis al Gobierno en una semana
El Cabildo de Gran Canaria contestará en una semana al Gobierno de Canarias su requerimiento de subsanación del expediente del Bien de Interés Cultural (BIC) del Oasis de Maspalomas, según ha confirmado a este periódico el presidente de la Corporación, José Miguel Bravo de Laguna. “Lo devuelven porque quieren ganar tiempo”, aseveró, “porque todo el mundo sabe que cuando se aprueba un expediente administrativo, no se contemplan las indemnizaciones”, que en el caso de la protección de un bien, como es este, “habría de fijarse en todo caso en un plan especial” a elaborar una vez se apruebe el BIC.
Bravo de Laguna considera que el Gobierno “comete un error jurídico de bulto”. A este respecto recordó sentencias del Tribunal Supremo, una de ellas del magistrado canario Rafael Fernández Valverde, en las que se antepone la protección a los derechos preexistentes, que “se pueden compensar con mayor edificabilidad o con aprovechamientos en otras zonas” a través del plan especial que desarrolle el tratamiento del bien protegido.
Sería ese plan especial, insistió el presidente del Cabildo, el que determine, en caso necesario, la manera de compensar a las cadenas hoteleras RIU e IFA/Lopesan, a los propietarios del centro comercial Maspalomas, así como a otros propietarios de la zona (SeaSide, Satocan, etcétera) que pudieran ver afectados sus derechos.
“Las normas de protección son superiores a cualquier consideración”, enfatizó el presidente del Cabildo, que puso como ejemplo lo ocurrido al hotel Cordial, en Mogán, cuyas obras se paralizaron al encontrarse unos túmulos prehispánicos en la zona. También recordó cómo expedientes como la protección de las montañas de Tindaya o de Tebeto prosperaron sin previsión de indemnizaciones, algunas de las cuales fueron incluso denegadas por los tribunales de justicia.
Para el dirigente popular, “resulta curioso que quien tiene las competencias en la materia [la aprobación de los BIC promovidos por los cabildos canarios] no las ejerza”. Por ello, sugirió una vez más al Gobierno canario que transfiera esa competencia al Cabildo grancanario.
El jefe de los Servicios Jurídicos de esta Corporación, Carlos Trujillo, ya está elaborando un informe con el que se responderá a la Consejería de Cultura del Gobierno, tanto respecto a su dilema sobre hipotéticas indemnizaciones, como sobre los contenciosos abiertos en el BIC (uno de RIU y otro de Lopesan) o las notificaciones a los interesados.
