Canarias buscará el consenso con los sindicatos para la ley de empleo público

La Consejería de Administraciones Públicas acelerará la comunicación con los sindicatos, tratando de que haya “consenso y entendimiento” entre todas las organizaciones sindicales, para aplicar en Canarias en cuanto sea aprobada la nueva ley estatal en materia de empleo público.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha afirmado en declaraciones a EFE que el anuncio de esta nueva norma, que implica entre otros aspectos dar fijeza a los interinos con cinco años en el puesto, es al menos a primera vista “positivo y esperanzador”.

Julio Pérez ha asegurado al respecto que se extiende o aumenta el ámbito de aplicación de la norma y se extiende también la posibilidad de que los procesos selectivos no incluyan fases de oposición, sino que se valoren los méritos, entre los cuales estará, muy probablemente, la antigüedad y la permanencia de los empleados públicos en el desempeño de sus funciones.

También es positivo que se amplíe el ámbito del desarrollo normativo de la ley estatal, aunque esta sea imprescindible por normas autonómicas y, del mismo modo, que se otorgue un espacio muy significado a la negociación colectiva, es decir, a la negociación con los sindicatos, ha añadido el consejero.

Así mismo, ha argumentado que también es bueno que se prevea una fórmula para retener a quienes, llegado el caso, no puedan aprovechar las posibilidades que abre la norma anunciada.

Todo ello, en líneas generales, coincide con las posiciones que la Consejería y el Gobierno de Canarias vienen defendiendo para dar solución a este asunto, se ha congratulado Julio Pérez, para quien todo indica que el fin del problema será más cercano si lo que se anuncia se convierte finalmente en ley, lo que terminará solucionando la situación del amplio grupo de interinos y temporales de larga duración en la Administración canaria.

“Todo ello son, sin duda, medidas excepcionales que son distintas de las reglas generales y ordinarias para el acceso al empleo público y la función pública. Pero, con las reglas generales y los procedimientos ordinarios, ni se solucionaría el problema, ni se haría justicia”, ha destacado.

Al respecto, ha incidido en que este problema, que sin duda es grave, requiere la intervención del Estado porque la materia se regula por leyes estatales que tienen carácter básico y que luego las comunidades autónomas pueden desarrollar.

“Canarias ha intentando desde el primer momento hacer cuanto esté de su parte, incluso con la búsqueda de soluciones propias, pero las únicas que pueden dar seguridad jurídica completas son las normas estatales”, ha reiterado el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.