Canarias insiste en que es constitucional expropiar para evitar desahucios
El Gobierno de Canarias insiste en que “el interés social de la vivienda” es constitucionalmente válido para acometer la “expropiación forzosa del uso” de los inmuebles y evitar que las entidades financieras y sus filiales lleven a cabo desahucios por impago hipotecario a familias con condiciones de “especial vulnerabilidad”.
Por ello, y como ha confirmado el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, al término del Consejo de Gobierno, se ha remitido al Consejo Consultivo el anteproyecto de reforma de la Ley de Vivienda para que pueda ser remitido al Parlamento y aprobado antes de que culmine 2013.
Un texto que no tiene en cuenta los reparos constitucionales detectados por el Consejo Económico y Social (CES) por entender que “no tiene ninguna objeción” que vulnere la Carta Magna.
“La suspensión cautelar del decreto ley de la Junta de Andalucía es porque el Tribunal Constitucional considera que el desarrollo de una competencia debe hacerse por Ley, y no por decreto-ley, pues Navarra ha aprobado una similar a la de Canarias y no ha habido ningún tipo de suspensión”, ha recordado el portavoz del Ejecutivo.
Evitar desahucios a colectivos vulnerables
“El objetivo irrenunciable es evitar que las familias en exclusión social sean objeto de desahucios”, ha insistido Marrero.
Así, será el “Consejo de Gobierno quien dictamine la expropiación forzosa” cuando el desahucio afecte a “familias con menores de edad, mayores dependientes, discapacitados, víctimas de violencia de género o parados que no perciban ningún tipo de prestación”.
Tras esta expropiación, los beneficiarios de la paralización del desalojo quedarán obligados a pagar “hasta un máximo del 25%” del justiprecio que dictamine el propio Ejecutivo regional “a precio real de mercado”.
Paralelamente, y apara “evitar la especulación” con las viviendas vacías, el nuevo texto prevé un registro de casas desocupadas “en manos de entidades financieras y filiales inmobiliarias” con el fin de obligarlas, mediante medidas sancionadoras, a que las pongan en el mercado de alquiler.
Asimismo, y en referencia a los particulares con viviendas vacías, la nueva Ley prevé “incentivos fiscales y subvenciones” para favorecer el uso de la misma.
