Canarias pide al Estado la transferencia de las tasas judiciales para destinarlas a la justicia gratuita

El Gobierno de Canarias ha pedido al Estado la transferencia de la cuantía proporcional de las tasas judiciales que corresponda a la comunidad autónoma y de la cuenta de consignaciones judiciales a fin de poder destinarla a la justicia gratuita.

Es un servicio que Canarias ha defendido en numerosas ocasiones al considerarlo de fundamental para la población más vulnerable de las islas en el acceso a la justicia, al margen de poder incluir también de forma subsidiaria otros fines del ámbito judicial al que pudieran vincularse estas cantidades, indica la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

El consejero de ese departamento, José Miguel Barragán, ha hecho esa petición durante la reunión que ha mantenido este jueves con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, para abordar la creación de nuevos órganos judiciales, mejoras en la plantilla y retomar el Convenio de Modernización de la Justicia, entre otros asuntos.

Barragán también ha pedido al Gobierno del Estado que impulse un protocolo de identificación rápido y eficaz de los menores extranjeros no acompañados (MENA) que se complete, a más tardar, dentro de las 24 horas siguientes tras su llegada a territorio canario.

Además, el consejero ha planteado al secretario de Estado la creación de otra Sala de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Tenerife, cuyo cometido será revisar las sentencias de las Secciones penales de la Audiencia provincial.

Se busca así garantizar una justicia próxima al ciudadano y agilizar los procedimientos en el territorio canario, de forma que las decisiones de estas se conozcan y resuelvan en un mismo ámbito, se indica en un comunicado.

Asimismo, el Gobierno canario ha solicitado al Estado que estudie cuanto antes las necesidades de creación de nuevos juzgados en el Archipiélago.

El compromiso alcanzado es que los equipos de trabajo del Ministerio iniciarán en breve este estudio para abordar luego con el Ejecutivo autonómico la elaboración de un listado que dé prioridad a los órganos más urgentes y su eventual ubicación en función de las cargas de trabajo.

Relacionado con este asunto, Barragán demandó a Dolz que tenga presente con cada creación de órganos judiciales la necesidad de ampliar el personal en las Islas tanto de los Institutos de Medicina Legal (IML) como de la Fiscalía.

La idea es que la dotación de recursos humanos a los nuevos juzgados se acompañe de un incremento en paralelo de las plantillas de los IML y la Fiscalía a fin de que puedan asumir el aumento de actividad que supone su puesta en marcha y evitar así que se vean desbordados y deficitarios de personal.

En concreto, para dar estabilidad a la plantilla hay que optimizar los recursos de los decanatos y acabar con la movilidad en el partido judicial de Puerto de Rosario, el equipo de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad demandó también que se le eleve a la categoría de magistrado, propuesta que el Ministerio estudiará.

Finalmente, el Ejecutivo canario planteó la necesidad de retomar el Convenio de Modernización de la Administración de Justicia, que quedó fuera de las dotaciones del Presupuesto General del Estado para 2018.

Barragán insistió en la necesidad de recuperarlo para el próximo ejercicio a fin de continuar con la implantación y potenciación de los sistemas informáticos de gestión procesal en el archipiélago.