Cardona tilda de creativo el informe del interventor
El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, plasmó en un decreto firmado el pasado 26 de diciembre, blanco sobre negro, el profundo malestar del grupo de Gobierno del PP con el trabajo de fiscalización realizado por el interventor municipal, debido a los reparos que éste planteó al expediente por el que se suspendieron los pactos, acuerdos y convenios que fijaban el complemento de incompatibilidad de los trabajadores del consistorio.
En este decreto, el regidor llega a calificar el informe del interventor de “fiscalización creativa que no encuentra amparo alguno en lo previsto en las normas de control de los actos administrativos”.
El alto funcionario formuló, entre otras cuestiones, que el expediente debió llevar aparejado como procedimiento obligatorio un trámite de modificación de la norma reglamentaria. El grupo de Gobierno rebate esta aseveración y afirma que el interventor “confunde la naturaleza jurídica de los pactos, acuerdos y convenios, que son producto de la negociación colectiva, con las ordenanzas, como producto de la potestad reglamentaria de la corporación”.
Para el PP, es posible desvincularse unilateralmente de los acuerdos suscritos mediante negociación colectiva “como medida excepcional” y por “causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas”. Así, defiende que el director de Gobierno de Presidencia y Seguridad, Claudio Alberto Rivero, cumplió con “el único trámite” al que, a su juicio, obliga la normativa: el de informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión.
El decreto firmado por Cardona señala que el mismo trámite de suspensión fue informado de forma favorable por el interventor el pasado mes de febrero.
El documento también se refiere al reparo sobre la adecuación de esta medida a la situación económica del Ayuntamiento. El interventor sostiene en su informe que la suspensión de los acuerdos “no es el único modo de alcanzar el fin perseguido por la ley con el mínimo perjuicio o sacrificio de los derechos de los funcionarios y laborales”. El grupo de Gobierno entiende que, con esta afirmación, el habilitado nacional se excede de su “exclusiva misión” ?expresar su conformidad o disconformidad con un expediente- e intenta “fijar directrices de organización interna, para lo que no se encuentra apoderado legalmente”. “Ofrece razones de oportunidad y conveniencia, pero no de legalidad”, subraya el decreto.
Plan de Recursos Humanos
El interventor municipal también objetó en su informe que el plan de ordenación de Recursos Humanos del Ayuntamiento no contaba con una fiscalización previa a su aprobación. La contestación del alcalde a este punto es escueta: ''No se advierte incumplimiento normativo y no es inteligible la razón de que ello sea citado“.
El decreto firmado por Cardona concluye resolviendo las discrepancias planteadas a favor de la cúpula de personal del Ayuntamiento y lanzando duras críticas al interventor municipal, a quien había rebajado el sueldo apenas una semana antes en un acto que el PSOE interpretó como una “vendetta política” de Rivero. Para el grupo de Gobierno, la Intervención General “incumple su obligación de razonar su disconformidad” con el expediente y manifiesta opiniones “carentes de cobertura en norma alguna”.
El grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dará cuenta del decreto este viernes en un pleno municipal que se celebra tres días después de que el Gobierno central comunicara al Consistorio que han quedado sin efecto los plazos de aprobación definitiva de los presupuestos de la ciudad de 2013 a la espera de que se envíen más detalladamente las cuentas que tienen que ver, precisamente, con el Capítulo 1, de gastos de personal.
