''Un castigo'' a policías que investigaron la corrupción del PP
Francisco Santos, secretario general del Sindicato Unificado de Policía, ha asegurado que desde que llegó el Partido Popular al Gobierno y, por lo tanto, Valentín Solano al frente de la Jefatura de la Policía de Canarias, hay “inspectores que investigaron casos de corrupción del Partido Popular que ahora están en Seguridad Ciudadana”. Este destino puede considerarse como “un paso atrás”, sobre todo cuando se está en los cinco turnos, por lo que el sindicalista cree que podría tratarse de “un castigo”.
“Los cinco turnos consisten en hacer una tarde el primer día, al día siguiente mañana y noche, luego es saliente y seguidamente tienes dos días libres”, afirmó en el programa Tiempos Modernos de CANARIAS AHORA RADIO, considerándolo como “perjudicial para la vida familiar de los trabajadores”.
“Es alucinante lo que se puede hacer al camuflar un castigo como una redistribución de efectivos”, añade el secretario general, poniendo como ejemplo a “cinco policías que denunciaron a un inspector y ninguno de ellos está en su puesto de trabajo ahora mismo”.
Francisco Santos, además, expone las críticas que el SUP hace sobre el nombramiento de los altos cargos que la Policía Nacional hace desde que los populares llegaron al poder, afirmando que se hace “en base a un catálogo no aprobado y sin unos criterios definidos”.
“Mientras no dejen participar en los sindicatos en los tribunales, el sistema de ascenso no es transparente”, ha dicho, confirmando que circulan rumores sobre promociones ilícitas en todos los cargos.
“Nosotros somos la Policía del pueblo, no la del Gobierno”
Francisco Santos ha valorado la notable presencia de efectivos de la Policía Nacional en las últimas manifestaciones contra los recortes estatales, confirmando el gran número de efectivos de la Unidad de Intervención Policial que tomaron posición de protesta por detrás de la cabecera de la manifestación en Gran Canaria. “Nosotros somos la Policía del pueblo, no la del Gobierno”, ha afirmado, señalando que desde el Ministerio del Interior se les trata “como mercancía” y confirmando que son “el cuerpo de seguridad peor pagado, a pesar de tener mayor riesgo, mayor movilidad y de ser los más formados”.
