Las causas penales del PGO se concentran en una
Las denuncias presentadas por la vía penal de forma separada por el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz se concentrarán en una sola. Hasta ahora se habían iniciado las diligencias por falsificación documental en las distintas versiones del planeamiento que a finales de 2009 circularon por el Ayuntamiento para su aprobación final. El abogado de la Plataforma en contra del PGO, Felipe Campos y el concejal de XTF, José Manuel Corrales ofrecerán este martes una rueda de prensa para dar a conocer los nuevos giros judiciales del Plan General.
Hasta ahora la juez del Juzgado de Instrucción número 2, Juana María Hernández y la fiscal para los Delitos contra el Medio Ambiente, Inmaculada Violán, habían llamado ya a declarar en calidad de testigo a la ex concejal socialista, Marián Franquet. El objetivo era conocer quién le había facilitado a la oposición las versiones del Plan General que presentaba diferencias sustantivas entre sí en cuanto a contenido y convenios. Ninguno contaba con firma digital por parte del secretario, Luis Prieto, lo que hacía dudar sobre su autenticidad.
Pero ahora además se han admitido a trámite y concentrado en una sola las denuncias interpuestas también por la Plataforma en contra del PGO por la aparición en el documento de cerca de un tercio de la población de Santa Cruz ocupa viviendas en situación de fuera de ordenación.
La versión oficial que se ofreció siempre desde la Gerencia de Urbanismo es que de esta manera se daba cumplimiento al artículo 34 de la Ley del Suelo ya que se trataban de casas situadas en áreas colmatadas. Pero acto seguido la Plataforma denunció que se incumplía esta legislación al otorgar aprovechamientos a personas concretas y determinadas, lo que bajo su punto de vista supondría una prevaricación.
Además, se tramitará de forma conjunta la querella interpuesta por la supuesta relación del ex primer teniente de alcalde de Santa Cruz, Julio Pérez con la construcción de la urbanización Costa Cardón en el Suroeste. Este proyecto ha supuesto otro de los puntos más controvertidos entre el Ayuntamiento y la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). Así, mientras los primeros apostaban por su construcción en laderas y barrancos en contra de las estipulaciones del Plan Insular, la Cotmac una y otra vez la anulaba por esta misma razón. Un caso muy parecido a lo ocurrido en El Varadero en el municipio de El Rosario y que ha supuesto ya la acusación del alcalde, Macario Benítez, de la secretaria municipal, María Anita Alonso y de cinco ediles del grupo de gobierno.
El abogado de la Plataforma, Felipe Campos denunció que la entidad Prodeca 2000, a la que pertenece el ex primer teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, es propietaria del 8% de terrenos en esa zona protegida “como así demuestran las escrituras”. Por ello, el letrado decidió llevar este nuevo asunto a los tribunales “no en vano hablamos de que Pérez pudo haber favorecido a su sociedad con el PGO”, indica Campos. Según el abogado en la última ocasión que el planeamiento pasó por la Cotmac el suelo quedó como urbanizable lo que podría implicar la imputación de los miembros de este organismo y de la anterior Corporación municipal. Pérez por su parte negó hasta el momento de su dimisión tener intereses particulares en el Plan General o en Las Teresitas.
